Concesiones de playa
Los concesionarios de los quioscos de Formentera recurren la orden de desmontarlos
El Consell estudiará posibles sanciones si no se cumple la norma de la concesión administrativa a pesar de compartir la postura de los afectados

Montaje del nuevo quiosco de Cala Saona el pasado mes de julio de 2024 / Gerardo Ferrero
Los ganadores del concurso de servicios de playa para la gestión de los quioscos de Formentera han decidido presentar un recurso de reposición a la orden de desmontar las instalaciones entre el 15 de enero y el 15 de febrero que aparece en la concesión administrativa, pero no en el pliego de bases que aceptaron al ganar la licitación. Por su parte, desde el Consell insular advierten de que, a pesar de compartir la opinión de los afectados sobre el desmontaje, deben hacer respetar la legislación y que, una vez transcurridos los plazos pertinentes, estudiarán las posibles sanciones si se produce un incumplimiento de la normativa.
Para Juanjo Costa, portavoz de siete de los ocho concesionarios, la actual situación la ha generado «un pliego de bases otorgado cuando aún no estaba la concesión administrativa dada ni clara», lo que ha provocado incongruencias, como el hecho de que pueden ser sancionados si no desmontan los quioscos pero, si los desmontan, también estarían incumpliendo con la norma que les obliga a dar servicio durante la temporada baja, por lo cual también podrían recibir una multa.
En este sentido, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, ha recordado que, aunque desde el Govern balear mostraron su disposición a estudiar una modificación en la concesión administrativa para el próximo año, al haber sido denegada la solicitud de medidas cautelares presentada por la administración insular, los quioscos de playa deben desmontarse hasta el 15 de febrero.
«Si esto no ocurre», explicó Castelló el viernes, «se estudiará qué dice el pliego del concurso y la concesión administrativa en cuanto a infracciones para saber si hay que poner sanciones o abrir expedientes».
Sobre el montante de estas posibles sanciones, Castelló reconoció que la situación es compleja, ya que «los pliegos no recogían que durante estas fechas exactas los quioscos deben estar desmontados, pero sí estipulan que no desmontar cuando tocaba puede ser considerado una infracción muy grave que comporta una sanción de entre 1.500 y 3.000 euros».
Por su parte, el Ejecutivo balear, responsable de la concesión administrativa, «podría considerar el incumplimiento de la norma una infracción leve, sancionada con 300 euros, aunque no está claro si se refieren a cada día de incumplimiento o en su totalidad», explicó la consellera insular.
Cuestionados los concesionarios sobre por qué no se solicitó con mayor antelación la modificación que habría evitado el desmontaje, argumentan que se debió a que los anteriores responsables del área de Litoral, Llorenç Córdoba y Asier Fernández, habían mostrado un interés «inusitado» primero en no adjudicar el concurso y después, «en tratar de cargarse a los nuevos concesionarios por todos los medios».
Precisamente, Córdoba volvió a arremeter el viernes contra Castelló afirmando que «miente, y parece que empieza a ser costumbre». El exconseller de Litoral añadió que «resulta preocupante que el actual equipo de gobierno priorice los intereses particulares de los ocho adjudicatarios sobre el interés general del Consell y de Formentera». «Las condiciones contractuales fueron claras desde el principio y todos los licitadores que participaron aceptaron estas obligaciones», insistió.
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