Concesiones en Formentera

El Govern no descarta sanciones si no se desmontan los quioscos de playa

El expresidente Córdoba exije al Consell que «haga cumplir la ley» y acusa al equipo de gobierno de «priorizar intereses particulares sobre los de la isla»

Quiosco situado en la playa de Migjorn.

Quiosco situado en la playa de Migjorn. / P.M.

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Desde la Dirección general de Costas y Litoral, dependiente de la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua del Govern, confirmaron el pasado jueves a este diario que habían recibido y estaban estudiando la petición del Consell de Formentera en la que se le insta a suspender de manera cautelar la norma que obliga al desmontaje de los quioscos de playa en el plazo que va del 15 de enero al 15 de febrero.

Además, y a pesar de que el Ejecutivo balear asegura entender la situación en la que se encuentran los explotadores de las concesiones en el litoral de esta isla ante una exigencia que les supone un importante gasto económico, también advierten de que el incumplimiento de este compromiso en la temporada actual podría conllevar la apertura de un expediente y las correspondientes sanciones.

El pasado miércoles, desde el área de Medio Ambiente del Consell de Formentera se comunicó que se había solicitado a la Dirección General de Costas y Litoral, ente encargado de las actuaciones en domino público marítimo-terrestre, una medida cautelar que permitiera suspender la obligación de desmontar los quioscos de playa durante todo un mes.

Evitar tener que desmontar

La medida cautelar es una decisión temporal mientras se resuelve definitivamente un asunto permitida a las Administraciones Públicas según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Si esta es admitida, los empresarios que ganaron el concurso de adjudicación de los derechos de explotación de los quioscos de playa podrían evitar tener que desmontar estos establecimientos que, para ser desmantelados en su totalidad, precisan de un periodo de tiempo que calculan en al menos 30 días y de un elevado gasto económico.

Así lo explica el propietario de uno de los quioscos de la isla: «La obligación de desmontar es absurda y tiene unos costes desproporcionados, además de que podría resultar perjudicial para el medio ambiente, por los trabajos de maquinaria y operarios que comporta» todo el trabajo con diferente maquinaria.

Los adjudicatarios de estas instalaciones consideran que existe una incongruencia entre lo estipulado en el artículo 68 del Reglamento de la Demarcación de Costas y el pliego de bases del concurso para las concesiones de playa que desarrolló el Consell de Formentera: «Sabíamos que la concesión que había llegado de Costas implicaba el cierre y desmontaje durante un mes, del 15 de enero al 15 de febrero, pero en el pliego de bases del concurso no se establecía que había que desmontar, por lo que pedimos una adaptación de la concesión al pliego de bases», matiza este empresario.

La tramitación

Además, siete de los ocho nuevos adjudicatarios hicieron «una gestión directamente con el Govern» en la que les dijeron que «no tenía lógica desmontar para un mes, pero la tramitación de la modificación toma tiempo y no estará lista para este año, por lo cual se ha optado por pedir esta medida cautelar».

Por su parte, el equipo de gobierno del Consell de Formentera argumenta su petición de medida cautelar en que «la norma no detalla la definición de temporada ni señala en qué meses se fija una temporada».

La institución insular opina que «aunque hace referencia (la norma) al hecho de que los establecimientos deben ser desmontables, no dice en ningún caso que deban desmontarse cada año».

Asimismo, advierte de que la norma es aplicable en todo el territorio, por lo cual los quioscos del resto de comunidades autónomas también deberían desmontarse un mes al año.

El ataque de Córdoba

Por su parte, el expresidente Llorenç Córdoba, apartado del cargo tras prosperar una moción de censura apoyada por todos los partidos, dice que el nuevo equipo de gobierno «demuestra que la legalidad y el interés general no están entre sus prioridades».

Córdoba asegura que la intención de la institución de suspender el desmontaje de los quioscos de manera cautelar, «liderada por la nueva vicepresidenta y consellera del área, Verónica Castelló, demuestra un desprecio absoluto por las leyes, contratos e informes técnicos que regulan esta actividad». «Ha ordenado directamente a los ochos licitadores», denuncia, «que no cumplan con su obligación de desmontar, limitándose a indicar que cierren las instalaciones, lo que constituye un acto de ilegalidad claro y manifiesto, al mismo tiempo que de irresponsabilidad institucional y una burla al Estado de Derecho».

Esta orden de la consellera, agrega Córdoba, «va en contra del informe técnico jurídico de los técnicos de medioambiente. ¿No era ella la que acusaba a Córdoba de no hacer caso y despreciar las decisiones de los técnicos?», se pregunta el ahora conseller en la oposición.

La legalidad

E insiste: «¿A quién beneficia esta orden de la consellera?, ¿Por qué se está trasladando al Consell la responsabilidad cuando correspondía legalmente a los licitadores?».

Par aCórdoba, «el equipo de gobierno integrado por consellers del PP, Gent per Formentera, Compromís y PSOE, ha demostrado con hechos consumados su intención de priorizar intereses particulares sobre los de la isla y su gente».

«Exijo al nuevo equipo de gobierno que rectifique inmediatamente esta decisión y que haga cumplir la ley tal y como se establece en los contratos y normativas vigentes», añade Córdoba.

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