Rechazo generalizado en Formentera a adjudicar una sola marina en el puerto

Las reacciones a la decisión de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) sobre el nuevo concurso para el puerto de la Savina, en la que desoye la opinión tanto de las fuerzas políticas de Formentera como del resto de sectores empresariales implicados imponiendo la existencia de una sola marina, no se han hecho esperar.

La APB saca a concurso una única marina en la Savina, la opción que rechazan todos los partidos de Formentera

Mientras el grupo socialista avanza la posibilidad de presentar alegaciones a las bases del concurso y Gent per Formentera (GxF) anuncia que llevará al pleno del viernes una proposición para mostrar el rechazo institucional a la «decisión unilateral» de la APB, desde el sector del chárter van aún más lejos y consideran «ilegal» y «carente de encaje legal» la concentración en una sola de las hasta ahora dos marinas existentes.

Ana Juan, portavoz del PSOE de la isla, lamentó ayer «que no se hayan tenido en cuenta las demandas trasladadas desde Formentera a través de todos los grupos políticos» para que, antes de tomar una decisión sobre el puerto de la Savina y a través del Consell d’Entitats, se presentaran a la ciudadanía «las intenciones de la Autoridad Portuaria respecto al puerto». La APB, según los socialistas, «pretende adjudicar» tanto el puerto como los locales comerciales «por un periodo de 25 años y a través de una sola empresa», una decisión que no comparten porque dará lugar a un «monopolio que hipotecará el futuro del puerto y de la isla». Por todo ello, anuncian que están estudiando presentar alegaciones a las bases del concurso porque «no es lo que quiere el pueblo de Formentera».

En similares términos se pronunció Alejandra Ferrer, portavoz de GxF: «Rechazamos que la APB apruebe la licitación de una marina con el voto en contra de Formentera, es inaceptable actuar a espaldas del pueblo en un tema tan sensible como el puerto, nuestro único punto de entrada y salida». Para mostrar esta repulsa, el partido insularista presentará, en el pleno que se celebra el viernes, una proposición para «rechazar esta decisión unilateral en consonancia» al contenido de «las cartas enviadas por los grupos políticos y las enviadas por las asociaciones pidiendo un Consell d’Entitats sobre este tema» a la APB.

Desde Sa Unió, su portavoz, Verónica Castelló, defendió el papel de Artal Mayans, conseller de su grupo político, como representante del Consell en el consejo de administración del organismo estatal para explicar que, cuando sustituyó al presidente, Llorenç Córdoba, en junio, se encontró «con un trabajo ya hecho» al que intentó añadir «las opiniones del sector náutico» que recabó durante meses. Como desde la APB «no se recogieron todas las reivindicaciones de Formentera y no se dio respuesta a la demanda de participación ciudadana en el proyecto para la Savina, Artal Mayans votó en contra» de las bases presentadas.

Sectores afectados

En cuanto a los diferentes sectores afectados por la decisión de la Autoridad Portuaria, Aurelio López, gerente de la empresa de chárter Isla Azul, consideró ayer que «la APB ha decidido tirar hacia adelante sin el apoyo de ningún partido político ni asociación empresarial o social de la isla, al contrario que en Menorca, donde sí ha llamado a la sociedad menorquina a participar en lo que quiere que sea su puerto». Además, López sostuvo que «es un proceso ilegal y ya veremos qué recorrido tiene, porque esto es solo el inicio». Para apoyar esta afirmación, explicó que en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, «solo aparece la palabra monopolio una vez y es para decir que precisamente lo que propone la Autoridad Portuaria, no se puede hacer». Así, el artículo 30.5 p) de dicha ley, que trata sobre las funciones del consejo de administración de las autoridades portuarias, señala literalmente, que deben «favorecer la libre competencia y velar para que no se produzcan situaciones de monopolio en la prestación de los distintos servicios portuarios».

«Más allá de argumentos y preferencias», continuó López, «esta decisión no tiene encaje legal». La misión de la APB, según el empresario, «no es garantizar la rentabilidad de los concesionarios, sino garantizar la correcta prestación de los diferentes servicios públicos y que los capitales compitan».

Más comedido y resignado se mostró Toni Pins, presidente de la Associació de Serveis Nàutics de Formentera: «Es lo que hay, se supone que la Autoridad Portuaria ha actuado de forma consecuente, como creía que era mejor para la isla». «No está en nuestras manos hacer nada al respecto, somos un pequeño colectivo y hemos dejado en manos de la Pimef y de los políticos el tema», concluyó.

En defensa de la APB salió el presidente del Consell. Llorenç Córdoba aseguró que el organismo portuario «siempre ha tomado las decisiones técnicas que ha creído convenientes». «Hay que respetar su decisión y esperar a que el proceso sea lo más transparente y correcto posible, porque el contrato no es una carta blanca y, si no se cumple, habrá sanciones o se retirará la concesión», aseveró.

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