Comportamientos reprobables que perjudican al Consell de Formentera

El pasado jueves se dio lectura en el pleno al dictamen elaborado por la Comisión de ética y buen gobierno del Consell de Formentera, en el que se revisa el comportamiento de los miembros del equipo de gobierno implicados en la crisis institucional y política de la entidad desde el 3 de noviembre de 2023 hasta el 3 de septiembre de 2024. Este documento de 48 páginas recoge el trabajo de los cinco miembros de la Comisión que, tras recibir el mandato del pleno del Consell el 21 de marzo de este año, decidieron por unanimidad centrar su atención en 10 puntos particulares extraídos del estudio de «hechos reconocidos por los mismos afectados en los medios de comunicación»; que hubieran tenido lugar «en el transcurso de sesiones plenarias», o que hayan quedado reflejados en «las actas de sesiones plenarias, las sesiones de la Junta de Gobierno o de la Mesa sindical».

Como resultado de estos 10 meses de análisis documentales, la Comisión concluye que «se han producido vulneraciones de los principios y valores que proclama el Código ético», unas infracciones que afectan especialmente a «la integridad, la imparcialidad y el desinterés subjetivo, el respeto, la responsabilidad, la lealtad institucional, la transparencia y la sostenibilidad» .

Además, el informe denuncia que la crisis ha convertido al Consell insular en una «institución unipersonal, en contra de la naturaleza esencialmente colegiada, colectiva por definición y por exigencia de los principios de pluralismo político, participación ciudadana y responsabilidad colectiva» recogidos tanto en legislaciones locales y autonómicas como en la Constitución española y en la normativa de la Unión Europea.

Sobre los perjuicios que esta situación anómala están provocando, el dictamen asegura que «no afectan exclusivamente a la imagen institucional del Consell, sino que se traducen en graves consecuencias prácticas para la ciudadanía», y pone como ejemplo la paralización de varios tipos de licencias de obra, la imposibilidad de imponer sanciones muy graves en el ámbito de competencias del Consell y la paralización de la asignación de amarres en s’Estany des Peix.

En general, de la lectura del texto se desprende una animadversión entre el presidente del Consell y el conseller José Manuel Alcaraz, cuyos enfrentamientos dialécticos aparecen recogidos en varios de los documentos estudiados; así como una falta de respeto recíproco entre Córdoba y la mayoría de los que un día fueron sus compañeros de partido que trasciende a los funcionarios del Consell y dificulta cualquier tipo de trabajo efectivo.

Otro aspecto que queda patente en el dictamen es la continua utilización de los medios de comunicación locales de manera partidista desde el inicio de la crisis, ya sea por la filtración de informaciones comprometidas a medios afines o de documentos y expedientes que no deberían hacerse públicos. Asimismo, se certifica el uso del servicio de Prensa del Consell insular para emitir mensajes sin «relevancia institucional, pública o administrativa», sino más bien enmarcados en el ámbito de la «confrontación política si no meramente partidista o personal».

El Comité concluye su informe considerando que no le corresponde «la propuesta de posibles soluciones políticas» que den salida a esta crisis, pero recuerda a sus responsables que la «ejemplaridad y la excelencia» son reglas de conducta general proclamadas por el Código ético» de la institución.

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