Comisión del código ético del Consell de Formentera. Conclusiones

Un informe que apremia a los responsables a poner fin a la crisis

Pleno extraordinario del 28 de noviembre de 2024

Pleno extraordinario del 28 de noviembre de 2024 / Pilar Martínez

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El informe de 48 páginas que la Comisión de seguimiento del cumplimiento del código ético terminó de elaborar el pasado 2 de octubre y que fue presentado ayer jueves en el pleno extraordinario del Consell de Formentera, recoge declaraciones y documentos fechados entre el 3 de noviembre de 2023 y el 3 de septiembre de 2024, centrándose en 10 posibles infracciones del código ético de la institución insular.

La primera de ellas está relacionada con la grabación, por parte de José Manuel Alcaraz, de la conversación que mantuvo con el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, el 4 de noviembre de 2023 y su posterior difusión pública. El segundo punto tratado es la solicitud, por parte de Córdoba, de una retribución adicional a su sueldo y el tercer tema documentado por la comisión es el «desprestigio y la falta de respeto hacia el trabajo de los funcionarios públicos». En cuanto al cuarto punto, recoge «el retraso injustificado en el visto bueno del acta de la Junta de Gobierno del 25 de marzo». En el quinto punto se estudian las filtraciones de documentos y expedientes a los medios de comunicación y el sexto habla sobre la falta de comunicación y respeto entre el presidente y los consellers.

El séptimo asunto tratado aborda que los miembros del equipo de gobierno cesados o dimitidos continuaron usando los equipos informáticos y móviles del Consell. En el octavo punto aparece el nombramiento «de un cargo con un potencial conflicto de intereses». La novena cuestión estudiada aborda la existencia de acuerdos electorales secretos y el décimo y último punto habla de la utilización de «medios públicos con fines privados y/o partidistas».

El documento concluye que «en el curso de la crisis institucional se han producido vulneraciones de los principios y valores que proclama el código ético». Aunque el dictamen no aporta «posibles soluciones políticas», sí que insta «a todos los responsables de la presente crisis institucional» a que tomen «las decisiones necesarias» para ponerle fin.

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