La Comisión del código ético podrá iniciar acciones legales contra Córdoba

Los componentes de la Comisión del código ético del Consell de Formentera, considerando que el presidente de la institución, Llorenç Córdoba, trató de impedir dar publicidad al informe que le fue encargado por el pleno de la entidad y recordando que el mandatario calificó a este órgano de «pelotón de fusilamiento», pidieron hace unos días el amparo de los miembros del plenario para defender su prestigio. Así, y dando respaldo a esta petición, el pleno ordinario del mes de noviembre celebrado ayer aprobó una proposición conjunta de los tres grupos políticos con presencia en el plenario (Sa Unió, PSOE y GxF) que garantiza que el propio Consell aportará los recursos necesarios para contratar servicios jurídicos externos que ejerzan las acciones legales pertinentes, incluso de orden penal, contra Córdoba.

Este es uno de los puntos más importantes en el orden del día del interminable pleno de ayer, que incluyó cuestiones previstas para la asamblea de octubre, que no se celebró, y un pleno extraordinario donde se dio cuenta del informe del Comité del código ético (ver página 3).

Además de esta proposición conjunta, durante la sesión se aprobaron por unanimidad otras varias, como la planteada por el PSIB-PSOE en la que se instaba al Consell a ampliar el período de regulación al Parque Natural de ses Salines para las próximas temporadas turísticas, aprovechando que debe renovarse el contrato con la empresa encargada, Ibifor S.L.

También se aprobó por unanimidad una proposición de GxF y Sa Unió para pedir al Govern balear que avance la financiación para la mejora y renovación de la red viaria de Formentera, al mismo tiempo que se apremia al Estado para que firme un nuevo convenio de carreteras para la isla. Relacionado con este tema, el PSIB-PSOE sacó adelante una propuesta que pedía al Consell revisar y adecuar el estado de la señalización viaria horizontal y vertical, así como realizar el mantenimiento de la carretera.

Con el voto a favor del presidente y la abstención del resto de fuerzas políticas, salió adelante una proposición de Sa Unió para que el Consell renuncie de manera urgente a las competencias sobre los menores no acompañados según lo establece el artículo 135 de la ley 4/2022 de Consells Insulars.

Otro tema sobre el cual hubo unanimidad fue la necesidad de formar una mesa de trabajo para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de residuos sólidos urbanos para 2025.