La UCO y Anticorrupción investigan en el Consell a petición de Córdoba

Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, ha decidido sacar toda la artillería ante lo que él considera un «clima de fustigación y persecución» desde que asumió el cargo. Así, el lunes hizo público que el pasado mes de mayo envió a la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada un expediente donde presenta numerosos documentos que, según él, probarían «una serie de presuntas irregularidades y posibles delitos» en el seno de la máxima institución insular y de los cuales habría sido testigo desde que fue nombrado, en junio de 2023.

Córdoba aseguró en rueda de prensa celebrada en una cafetería («para no ser acusado de utilizar los recursos del Consell para uso personal»), que decidió recopilar y presentar esta información ante la Fiscalía Anticorrupción «en virtud de los principios de transparencia y responsabilidad» que guían, dice, su actuación como presidente.

Para reunir las pruebas de lo que considera «acciones y prácticas que vulneran los principios esenciales de legalidad y el buen gobierno en el Consell», el mandatario declaró que no ha necesitado la ayuda de ningún abogado porque «desde finales de 2023» ha sido guiado por la Guardia Civil sobre cómo recoger y ordenar toda la información para después hacérsela llegar a la Fiscalía, cuyo Teniente Fiscal, Antonio Romeral, le habría asesorado personalmente desde el mes de abril de este año.

Los hechos que serían objeto de la investigación son numerosos y afectarían no solo a políticos en activo y a algunos que ya han cesado en sus cargos, sino también a empresarios y a trabajadores del Consell. Por «respeto a la labor de la Guardia Civil» y para «no interferir en la investigación en curso», Córdoba no quiso desvelar en su totalidad el listado de «presuntas irregularidades» ni los nombres de los investigados, pero sí apuntó que uno de los temas más importantes recogidos en el expediente es el concurso de servicios de playa (hamacas, quioscos y escuelas de vela) iniciado durante la pasada legislatura, con Gent per Formentera y PSOE en el equipo de gobierno del Consell.

«He podido comprobar lo que se sabía, y es que con informes jurídicos en contra de su adjudicación, una Junta de Gobierno de Sa Unió, después de prácticamente echarme, aprobó» la adjudicación del concurso, aseguró Córdoba. El presidente formenterense consideró que «con las actas que se han levantado este verano» por incumplimientos de la normativa por parte de los concesionarios de los quioscos, «se ha podido demostrar» que él tenía razón.

A la Fiscalía Anticorrupción le ha parecido muy grave, y así se lo habrían comunicado a Córdoba, «que haya un cambio de criterio de puntuación una vez abiertos los sobres que se entregaron por parte de los licitadores, el sobre técnico y el sobre económico», aseguró ayer el político. También pudo documentar la existencia de personas con «incompatibilidad manifiesta» que tuvieron que retirarse de los órganos de decisión, «pero cuando ya habían participado en ellos», y otras «que deberían haber salido» pero no lo hicieron.

Sospechas en Urbanismo

Otra de las áreas donde Córdoba ha localizado acciones denunciables es en Urbanismo: «Hay aprobación de licencias de manera sospechosa en Juntas de Gobierno que se hacen con urgencia y donde faltaba gente», aseguró, y puso como ejemplo la otorgación de una licencia urbanística en una junta donde no estaban ni él ni el interventor ni ninguno de los tres primeros secretarios del Consell. Asimismo, se habrían producido «en la última legislatura cambios de figuras urbanísticas bastante sospechosos y que deberían comprobarse», aseguró el presidente.

El tercer asunto objeto de su investigación que Córdoba destacó fue la «incompatibilidad manifiesta de un conseller (Javi Serra, de Compromís)», sobre la cual asegura que pidió «un informe urgente al señor secretario», del que nada sabe por el momento.

Cambio de actitud GxF y PSOE

La denuncia presentada por Sa Unió en mayo de este año contra el presidente hizo que este «avanzara la entrega inicial de documentación», aunque entonces prefirió no hacer pública su propia denuncia para «asegurar que el proceso se desarrollara de manera adecuada», aseguró ayer.

Córdoba lamentó también la actitud de GxF y PSOE, partidos políticos que al principio de la crisis mostraron «una posición correcta y prudente» para sufrir un «cambio radical» en el momento en el que surgió «el conflicto vinculado al concurso de explotación de lotes de playas, particularmente en la adjudicación de los quioscos, transformando su actitud en una campaña de acoso público en colaboración con Sa Unió».

Llorenç Córdoba concluyó asegurando que «por responsabilidad», no tiene «intención de dimitir como presidente», y añadió que no se quedaría «tranquilo» dejando la institución «en manos de los partidos que piensan más en ellos» que en Formentera.

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