El salario de diciembre de los trabajadores del Consell de Formentera, en el aire

Si el Consell de Formentera venía funcionando más mal que bien desde hace meses, ahora parece que ha alcanzado un punto de no retorno con la aparente incapacidad del equipo de gobierno para celebrar algo tan básico como una sesión plenaria, una asamblea donde se presentan para su aprobación asuntos de relevancia para la ciudadanía. En el caso que nos ocupa, el pleno ordinario mensual debía haberse celebrado el jueves 31 de octubre e incluía, entre otros asuntos, una propuesta de modificación de los presupuestos de 2024, que sufren un desvío de 4.100.000 euros. Ese pleno no se celebró porque el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, se negó a que el orden del día incluyera el dictamen de la Comisión del código ético de la institución. Córdoba convocó entonces un pleno extraordinario y urgente para el mismo día sin el conflictivo punto, pero tampoco se pudo celebrar por el luto nacional de tres días decretado por la tragedia de la DANA.

El miércoles, el presidente reunió nuevamente al pleno en sesión extraordinaria y de urgencia, cosa que no fue del agrado de los grupos políticos, que no aceptaron la urgencia de la convocatoria y por tanto no se pudo celebrar, lo que deja en el aire la modificación presupuestaria que debe corregir un desfase en la partida de gastos del personal de unos 700.000 euros, causado por gratificaciones no previstas, lo que pone en la cuerda floja los salarios del mes de diciembre y la paga extra de Navidad de los funcionarios y trabajadores de la institución.

Tras comunicar su intención de voto pero antes de proceder a la votación, tanto Gent per Formentera (GxF) como el PSIB-PSOE y Sa Unió propusieron que se convocara un nuevo pleno extraordinario y urgente, a celebrar a continuación, pero con tan solo los dos puntos del orden del día que consideraban de verdadera urgencia: la modificación presupuestaria y el reconocimiento extrajudicial de créditos. Sa Unió solicitó que se incluyera un tercer punto para aprobar las bases reguladoras de las subvenciones del programa de deportes. En un corto receso, los portavoces se reunieron para intentar esa solución pero Córdoba se negó a aceptarla. Con esto, se dio por concluido de nuevo un pleno antes de que se llegara a celebrar, como ya ocurrió el pasado 10 de octubre.

De ordinario a extraordinario para silenciar el informe sobre el código

Informe de la Comisión ética

En el origen de todo este sinsentido que paraliza la actividad institucional sigue estando el dictamen que el mismo Consell encargó a la Comisión de seguimiento del Código ético de la entidad, un informe que debía estudiar el comportamiento de Córdoba y de los miembros de Sa Unió durante la crisis institucional.

El dictamen está finalizado y debería haberse hecho público durante el pleno ordinario de octubre, pero Llorenç Córdoba considera que el documento se ha cerrado en falso por no recoger su recusación a dos de los miembros de la propia comisión.

Al ser confrontado por GxF, cuya portavoz Alejandra Ferrer aseguró que ya se le había notificado la resolución de la Comisión a sus demandas, Córdoba replicó que «no se había hecho de forma correcta», ya que él había solicitado expresamente una respuesta a través del correo electrónico, no por una notificación oficial. Así que, según él, «el expediente no está acabado» y no tiene la obligación de presentarlo en el plenario.

«Hay una incoherencia total en lo que dice la oposición, porque no aceptan el orden del día del pleno de hoy (por ayer) porque incluye puntos no urgentes pero quieren añadir el dictamen de la Comisión, que tampoco es urgente», consideró Córdoba tras la reunión.

El socialista Rafa Ramírez, por su parte, declaró que el presidente «toma decisiones» que no se basan «en el cumplimiento de la ley» sino «en la defensa de sus intereses personales». Añadió que su grupo no podía ser «cómplice» de esta situación, «que es antidemocrática».

Alejandra Ferrer, de GxF, tras asegurar que su grupo rechazará cobrar por participar en este intento de plenario, declaró que «queda en evidencia que el presidente actúa exclusivamente de manera particular para hacer daño a la oposición y le da igual el daño que puede causar a los funcionarios y trabajadores de la casa», en alusión al Consell.

Sa Unió, por boca de José Manuel Alcaraz, justificó su negativa a la celebración del pleno en que no querían «prevaricar, como pensamos que está haciendo el presidente». Además, reiteró su llamamiento «al resto de fuerzas políticas para articular una moción de censura» contra Llorenç Córdoba.