Crisis institucional en Formentera

La Comisión de ética denuncia a Llorenç Córdoba por malversación

El presidente del Consell habría utilizado, presuntamente, los servicios de un letrado de la institución para que le redactara el documento en el que recusa a dos de los miembros de la Comisión

Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, en una imagen de archivo

Llorenç Córdoba, presidente del Consell de Formentera, en una imagen de archivo / P.M.V.

Pilar Martínez

Pilar Martínez

En un nuevo giro de tuerca que complica aún más la situación institucional en Formentera, la Comisión de seguimiento del Código ético y buen gobierno del Consell insular ha denunciado ante la Fiscalía al presidente del organismo, Llorenç Córdoba, por un presunto delito de malversación de dinero público al emplear los servicios de un letrado de la institución para un asunto privado. Además, en el mismo día que se ha conocido este hecho, adelantado por Radio Illa, los grupos políticos con presencia en el pleno han denunciado el «secuestro de la institución» por parte del presidente al negarse este a convocar la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre.

Según Radio Illa, que ha tenido acceso al documento mediante el cual la Comisión informaba al Consell insular de la denuncia presentada ante el Ministerio fiscal, Córdoba habría utilizado los servicios de uno de los letrados de la institución y por tanto un funcionario público, para redactar el escrito que presentó el pasado 17 de octubre en su intento de recusar a dos de los miembros de la Comisión del código ético, al tiempo que solicitaba que se suspendiera la entrega al pleno del Consell de su resolución, que está lista desde el 2 de octubre. Este dictamen, que no es vinculante, debe evaluar las actuaciones tanto de Córdoba como de los consellers de Sa Unió desde que comenzó la crisis intitucional a finales de 2023.

En el documento presentado ante la Fiscalía, la Comisión recuerda que los letrados deben defender jurídicamente al Consell como una institución, «no asumir la defensa jurídica de los miembros electos del Consell».

Además, el organismo que debe velar por el cumplimiento del Código ético firmado por todos los miembros del Consell, considera en su escrito «sorprendente» que el letrado que elaboró el documento presentado por Llorenç Córdoba, en el que recusa a dos de sus miembros haya participado en los trabajos de redacción del dictamen por su condición de secretario accidental en sustitución del secretario general del Consell cuando ha sido necesario. La denuncia de la Comisión considera «contradictorio» y cree un «evidente conflicto de intereses» el hecho de que dicho jurista no veía ninguna «causa de ineficacia» durante la elaboración del dictamen para después redactar un escrito para Córdoba en el cual se solicita la «ineficacia» del mismo dictamen.

Córdoba está «tranquilo»

A última hora de la tarde de ayer, Llorenç Córdoba envió un comunicado a través del área de prensa del Consell criticando «que desde la Comisión del Código ético hayan filtrado a la prensa» la denuncia, «lo que pone en evidencia la ética que tienen», y asegurando que hechos como este demuestran «la mala fe» que hay detrás de este informe. «Con esto se demuestra que están esperando este infome como agua de mayo para justificar una moción de censura», expone el presidente en el comunicado.

Respecto a la denuncia de la Comisión, Córdoba manifiesta que la valorará «cuando tenga más información al respecto» , y asegura estar «muy tranquilo» porque no ha hecho «nada malo».

También asegura el presidente en el comunicado hecho público ayer que «no entiende el teatro que han hecho los partidos» cuando hace ya una semana que dijo que el informe era «una excusa para poder hacer una moción de censura», ya que «no tienen ninguna razón para ello y han fabricado una noticia para hacer un teatrillo, para salir todos asustados e indignados y para poder justificar una moción de censura». Según concluyó Llorenç Córdoba, «es una evidencia clarísima de manejo del Consell y del sistema político para echar al presidente».

«Que la justicia siga su curso»

Ante estos hechos, la coalición conservadora Sa Unió, cuyas decisiones también han sido valoradas por la Comisión, declaró ayer que esperaba que «la justicia siga su curso», recordando la querella que presentaron en mayo contra Córdoba por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias. La Fiscalía anticorrupción de Balears investiga en la actualidad esta denuncia.

Desde Sa Unió matizaron que ya denunciaron «públicamente al presidente en diciembre de 2023 por irregularidades éticas y morales en sus actuaciones». La agrupación política quiso apuntar también que habían «solicitado en múltiples ocasiones a todas las formaciones políticas su apoyo para destituir al presidente de su cargo en el Consell y acabar así definitivamente con sus actuaciones y hasta ahora no se ha materializado ninguna de ellas», criticaron.

«Es hora de pedir la implicación de todas las formaciones políticas y no permitir que Córdoba continúe gobernando ni un minuto más», consideraron, para finalizar declarando que «un presidente que se niega a dimitir a pesar de no contar con un solo apoyo, un presidente que se niega a someterse a la cuestión de confianza, es un presidente que aboca a todos los grupos de la oposición a una única salida: la moción de censura».

Por su parte, el portavoz del PSIB-PSOE, Rafa Ramírez, calificó de «hecho luctuoso» la denuncia contra Córdoba. «Ya está siendo investigado por la denuncia de sus compañeros de Sa Unió y ahora tiene otra», lamentó. «Los socialistas no vamos a consentir de ninguna de las maneras que el señor Córdoba siga secuestrando y malversando esta institución, hay que poner un punto final», afirmó con rotundidad.

Alejandra Ferrer, portavoz de Gent per Formentra (GxF) consideró «de extrema gravedad» los hechos denunciados ante la Fiscalía por la Comisión y aseguró que el presidente del Consell «no está cumpliendo con sus obligaciones y sus actuaciones son indignas del cargo que ostenta».

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