Córdoba dice que no pidió el informe para contratar proyectos de hasta 3,8 millones en Formentera

El informe emitido por los servicios jurídicos del Consell de Formentera que justifica que el presidente de la institución, Llorenç Córdoba, pueda suscribir contratos hasta los 3,8 millones de euros fue una iniciativa del secretario, habilitado nacional, del Consell, Ángel Custodio Navarro. El propio presidente asegura que «en ningún momento» solicitó ese informe, que fue remitido al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con fecha del pasado 16 de julio.

En una comunicación sobre este asunto, Córdoba aclara: «Es un informe jurídico interno, no es ningún decreto de presidencia, ni ha salido de mí ninguna orden para elaborarlo». Más adelante, indica: «El texto es un informe legal que han elaborado los letrados de la casa y ha aprobado el secretario habilitado nacional, para minimizar el daño que han hecho al Consell y a los ciudadanos la dejación de funciones de los consellers del [antiguo] equipo de gobierno y el bloqueo de los grupos de la oposición a otras alternativas propuestas por mí o por el mismo secretario».

Sa Unió tacha de «irresponsable y temerario» el decreto de Córdoba para poder contratar en Formentera

Se refiere el presidente a los intentos que ha hecho para mantener activa la Junta de Gobierno, que es el órgano (entre otras funciones) de contratación y que actualmente no existe. Entre otros, ofreció a sus excompañeros, incluidos José Manuel Alcaraz, al que cesó del área de Promoción Económica, volver al gobierno insular.

Ante la negativa de todos ellos, el presidente incluso llegó a ofrecer a la oposición crear una Junta de Gobierno con representación de los consellers (al margen de siglas de partidos) que quisieran participar. Y finalmente, también mediante un informe del secretario del Consell, propuso traspasar las competencias de la Junta de Gobierno para repartirlas entre el plenario y él mismo, lo que fue rechazado en un pleno de la institución.

Es cierto que ha apurado todos los recursos menos la dimisión, que le piden desde hace meses todos los consellers de Sa Unió, GxF y PSOE, los partidos con representación en el plenario.

Ahora, Córdoba insiste: «Lo antidemocrático es intentar hacer una moción de censura encubierta, por la puerta de atrás, por parte de todos los grupos políticos, cuando han fracasado por la vía legal. Y lo que no tiene perdón es hacerlo secuestrando e intentando bloquear el funcionamiento del Consell, que debe dar servicio a todos los habitantes y visitantes de Formentera».

Para el presidente, los juristas de la casa han elaborado el último informe «para poder garantizar la gobernabilidad del Consell de una forma legal ante la dejación de funciones de los consellers de Sa Unió».

Consell, diputación

El secretario del Consell, Ángel Custodio Navarro, confirma, en declaraciones a Diario de Ibiza que «esto es sobre todo para no perder los [fondos] Next Generation». Y admite que ese informe, que él mismo ha firmado, se enfrenta «a muchas polémicas, o no, pero es que aquí no se sabe ver que, además de tener [el Consell] las competencias municipales, también tiene las de una diputación». Insistió en que la situación «se las trae y todo es muy discutible y criticable; pero de antidemocrático, pues no sé...».

Añadió que «el Consell también es una diputación, otra cosa es que no se haya sabido ver». Incluso admitió «que esto [el informe] no va con el sentido originario de la ley, que quiere que haya un gobierno plural».

El caso es que, según el informe del secretario, el presidente puede firmar contratos de hasta 3,8 millones, donde entran sobre todo los comprometidos con los fondos europeos Next Generation y que en total suman cerca de ocho millones de euros.

GxF

El partido en la oposición Gent per Formentera (GxF) emitió una nota de prensa en la que advierte que el informe del secretario de la institución y una letrada «blinda al presidente y, en nombre del interés general, le permite gobernar solo una institución con un presupuesto de cerca de 43,5 millones». Este partido recuerda que esta salida jurídica ya fue llevada al pleno extraordinario del 11 de julio y «no contó con el voto favorable de ninguno de los partidos políticos que conforman el plenario, obteniendo 16 votos de 17 en contra». Añaden que no les consta que el informe, firmado cinco días después, «ni se encuentre publicado en la página de transparencia del Consell ni se haya dado cuenta en el pleno del 24 de julio». GxF critica además que se modifica el funcionamiento de la Administración «por la puerta de atrás, sin ningún acuerdo político ni transparencia, traicionando la voluntad expresada por una amplísima mayoría».

En el plenario extraordinario del 11 de julio también se comunicó que se remitiría la falta de gobernabilidad de la Administración insular al Consell Consultiu, «para encontrar el mejor encaje jurídico por la situación insólita y de caos más absoluto en la que, un presidente expulsado y una coalición de Sa Unió irresponsable y dimitida, han sumido al Consell en la parálisis». Esta formación preguntó en el pleno ordinario de julio directamente al secretario sobre esta cuestión, «si ya se había enviado la consulta y cuál era el contenido de esta, y la respuesta fue que todavía se estaba elaborando».

La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, pidió entonces explícitamente que, «puesto que el Consell insular no cuenta con la Junta de Gobierno ni las vicepresidencias», se consulte si ya se encuentran «en un claro caso de inviabilidad de la institución insular por parálisis».

Ferrer insiste: «Ahora mismo tenemos a un presidente sin apoyo, ungido de poder absoluto para decidir sobre la totalidad de los recursos del Consell y escapando del control y la fiscalización del plenario».

Finalmente, Gent per Formentera concluye que no puede avalar «esta forma de gobernar ni la normalización de los graves actos políticos vividos en la institución» insular.

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