Crisis de gobierno en Formentera

El Consell de Formentera bloqueado: será necesario un cambio normativo para gobernar

El secretario de la institución advierte de que, con la ley en la mano, no es posible impulsar las funciones ejecutivas que ejercía la Junta de Govern, desaparecida tras la dimisión de los consellers de Sa Unió

Pleno del Consell de Formentera del pasado mes de mayo

Pleno del Consell de Formentera del pasado mes de mayo / C.C.

Isaac Vaquer

Isaac Vaquer

No existe una solución a corto plazo para el Consell de Formentera. Al menos no la hay si se enrocan los políticos implicados. «Esto es inédito en España. En un Ayuntamiento sería algo dificultoso, pero en un Consell como es el de Formentera, todavía más», advierte el secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro, que indica que será necesario un cambio normativo para que la institución pueda funcionar.

Tras la dimisión en bloque de siete de los ocho consellers del equipo de gobierno, pendiente de formalizar en el día de hoy, el Consell no tiene Junta de Govern, lo que hace imposible tomar casi cualquier decisión ejecutiva. «La Junta de Govern, lo que en Mallorca, Menorca y Ibiza se llama Consell Executiu, es el órgano que actúa por defecto en todas las materias autonómicas, que son muchísimas», explica Navarro.

El secretario comenta que en el resto de Consells, una situación así se podría solucionar mediante el nombramiento de consellers no electos, sin embargo esa figura no existe para la institución formenterense. Además, la actual Ley de Consells de 2022 quitó competencias al pleno y se las concedió a la Junta de Govern, una medida que se tomó por agilidad administrativa, pero que en el caso actual de Formentera sitúa a la institución insular en un callejón sin salida.

Si no se reconduce esta situación y el presidente no logra formar gobierno con la actual oposición o haciendo que los representantes de Sa Unió den marcha atrás, «la organización del Consell ha explotado», sentencia el secretario y el Consell quedará paralizado en casi todas sus labores hasta que se llegue a una solución.

Soluciones

Las soluciones son todas complejas. Una de ellas es la modificación de la Ley de Consells, algo que resultaría muy complejo y que tardaría demasiado tiempo.

El propio presidente, que también es diputado; o el pleno del Consell por mayoría debería presentar una modificación para la Ley de Consells. «Además de toda la tramitación de la modificación de la ley, es necesaria una mayoría de 2/3 del pleno para su aprobación», por lo que señala que sería prácticamente imposible lograr ese consenso con rapidez.

La opción de que el Govern coja las riendas del asunto y publique un decreto ley que resuelva la situación tampoco es viable. «Los decretos leyes no se pueden hacer para regular a las instituciones y el Consell de Formentera es una institución», advierte Navarro.

Quizás la alternativa con más posibilidades, señala que sería modificar de extrema urgencia el reglamento orgánico del Consell para devolver al pleno todas las competencias de la Junta de Govern, algo que la Ley de Consells contempla. «Sería una posible solución, aunque implicaría que el presidente tendría que acordarlo todo con el pleno, lo que haría todo mucho más lento», advierte el secretario.

Esta solución no sólo supondría una dificultad a la hora de llegar a acuerdos, sino que, además, podría eternizar las sesiones plenarias. Aún así, advierte de que la legalidad de esta vía sigue sin quedar clara, dado que la Junta de Gobierno es un órgano contemplado en todos los municipios de más de 5.000 habitantes.

Incluso si se llegase a impulsar esta alternativa de funcionamiento entre el presidente y el pleno, harían falta varios meses para su entrada en vigor. «Debe ir al Consell Consultiu y pasar un trámite de exposición pública de 30 días hábiles... la tramitación requiere tiempo y mientras tanto el Consell está paralizado».

En cualquiera de estas opciones advierte de las dificultades que tendrá el presidente del Consell para sacar adelante esta situación. Aparte de la realidad jurídica, indica que «está la realidad humana, física», y Córdoba se vería obligado a hacer el trabajo de ocho consellers además del de diputado.

La opción que no contempla es la convocatoria anticipada de elecciones, dado que se trata de una posibilidad que sólo está recogida para los gobiernos estatal y autonómico.

La alternativa que contempla la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61 para disolver las corporaciones locales no considera que se pueda utilizar en este caso, tanto por la gravedad que implica su aplicación como por el hecho de estar prevista para ayuntamientos, no para consells insulares.

El corsé de la Ley de Consells

Señala directamente a las dificultades que supone la Ley de Consells vigente, «que se refiere específicamente a Formentera y tiene un título dedicado a Formentera que nadie ha impugnado». Una norma que lleva a que una institución que tiene funciones de un Ayuntamiento sea considerada en todo como un Consell, pero sin todas las herramientas que tiene esa institución en el resto de islas y privándole de algunos mecanismos de las instituciones locales que podrían servir para mantener la labor ejecutiva. El híbrido imperfecto hace que la normativa, en ocasiones, sea «un galimatías de narices» para Formentera.

Por ejemplo, todos los procesos de contratación del Consell de Formentera los debe aprobar la Junta de Govern. Sin este órgano todo se queda congelado. Cualquier servicio o suministro de más de 15.000 euros requiere de la aprobación por parte del órgano.

«En un Ayuntamiento o en una diputación las competencias son del presidente, que puede delegar en la Junta. ¿Nos podríamos inventar que, ahora que no hay Junta de Govern, funcionamos como un Ayuntamiento o una diputación y que se repartan entre el presidente y el pleno? Podríamos valorar que es una solución, pero es que vulnera la Ley de Consells, que no tiene solución para una situación así», lamenta.

Esto implica que no se pueda dar impulso a muchos proyectos que reciben fondos externos, como los Next Generation, que tienen plazos de ejecución que, de no cumplirse, obligan a la devolución de los fondos.

Renuncia sin vuelta de hoja

Una de las opciones que había barajado el presidente de Consell, Llorenç Córdoba para mantener el órgano ejecutivo y la existencia de un gobierno era la no aceptación de las renuncias de los consellers, algo que el secretario de la institución no ve viable.

«La ley tiene un artículo que dice que el presidente debe aceptar las renuncias de los consellers ejecutivos. ¿Podría no aceptarla? Es una interpretación, pero sería una barbaridad y yo lo entiendo como una acción de deferencia hacia el presidente», valora.

Indica, además, que no existe un precepto similar en derecho español, excepto en la normativa catalana que cree que es la que se ha copiado en este caso. Pero en cualquier caso indica que es algo que atentaría contra el principio de la libertad individual, «ni que fuese una esclavitud ser conseller», añade Navarro.

Suscríbete para seguir leyendo