Stöber retira los cargos de coacciones y desobediencia contra Ferrer y Escandell en el caso Punta Prima

La Audiencia Provincial deja visto para sentencia el juicio del caso Punta Prima, en el que la el empresario Leo Stöber acusa de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad al expresidente y al conseller de Hacienda del Consell de Formentera

De pie, Leo Stöber, que como abogado se pone la toga. De espaldas, Bartomeu Escandell y Jaume Ferrer, en la sesión de ayer.

De pie, Leo Stöber, que como abogado se pone la toga. De espaldas, Bartomeu Escandell y Jaume Ferrer, en la sesión de ayer. / Europa Press

Carmelo Convalia

Carmelo Convalia

La sección primera de la Audiencia Provincial de Balears dejó ayer visto para sentencia el juicio del caso Punta Prima, en el que el propietario de esta ciudad de vacaciones de Formentera acusa al expresidente del Consell, Jaume Ferrer y al actual conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, de un presunto delito de prevaricación.

La principal novedad que arrojó la sesión de ayer fue que la acusación particular retiró dos de los cargos contra estos dos acusados, «coacciones y desobediencia de sentencia», pero mantiene los de prevaricación, falsedad e infidelidad en la cadena de custodia de sentencia.

Leo Stöber, propietario de la ciudad de vacaciones y denunciante, ya retiró en la sesión del miércoles todas las acusaciones contra los otros dos ex consellers, Sonia Cardona y Pep Mayans, que junto a Ferrer y Escandell formaban parte del equipo de gobierno de GxF cuando fueron aprobadas las Normas Subsidiarias, actual Plan Territorial Insular, en 2010.

Antes, los terrenos en los que la empresa Sunway (de Leo Stöber) quería desarrollar la segunda fase de su ciudad de vacaciones fueron incluidos, junto a otros, en la zona periférica de protección del Parque Natural de ses Salines. Entonces, el recién creado Consell de Formentera en su normativa urbanística de 2010, calificó los terrenos que quería urbanizar la promotora como «espacios libres públicos de cesión gratuita al Consell y por lo tanto no edificables».

Al acabar la vista de ayer, Stöber manifestó a Diario de Ibiza: «Sí, hemos retirado los cargos de coacciones y de desobediencia de sentencia y lo hemos hecho porque consideramos que no hay pruebas suficientes, aunque considero, desde mi punto de vista, que se ha incumplido sentencias. Otra cosa es que eso tuviera suficiente entidad como para ser penalmente relevante».

El alegato final que defendió su letrado, Pedro Horrach, se basa «en lo que siempre hemos defendido, que es que [los acusados] nos han impedido desarrollar un planeamiento al no tramitarlo de forma correcta».

Al ser preguntado por sus expectativas tras mantener vivo un pleito contra la Administración insular durante una década, dijo: «Mis expectativas no son de venganza, ni me hace ilusión que alguien sea condenado, pero yo me tenía que defender por acciones que considero absolutamente contrarias a la ética, al Derecho y a la buena conducta administrativa, pero ilusión no tengo ninguna».

«Una pesadilla»

Al finalizar la sesión Jaume Ferrer dijo sentirse «contento» por terminar «con 11 años de persecución, más política que de otra cosa, que se han convertido en una pesadilla».

Por su parte, Sonia Cardona, que ejerce de portavoz de sus compañeros acusados, explicó que en la sesión de ayer «no se verbalizaron [por parte de la acusación particular] la condenas que pide, aunque citó los delitos y solicitaba la misma condena pero no la precisó. Creo que pide cuatro años de cárcel por un delito y dos por otro para cada uno, aunque nuestros abogados señalan que el auto está acotado al presunto delito de prevaricación».

Fernando Mateas, abogado de Jaume Ferrer y Bartomeu Escandell, defendió en su intervención, respecto a la acusación de infidelidad de la custodia un documento que le daba a Stöber el visto bueno para agilizar la urbanización, que no se trataba de un convenio firmado antes de la aprobación e las NNSS sino de «un acuerdo de voluntades», por lo que no tenía validez oficial.

En relación al delito de prevaricación, la defensa de los dos expolíticos sostiene que «no existe» ya que las Normas Subsidiarias, PTI de 2010, han sido recurridas por lo contencioso y han llegado incluso al Supremo y todas las sentencias han sido favorables al Consell, al considerar que se ajustan a la ley.

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