Los afectados de Formentera por la Ley de Costas y por el reciente Real Decreto que modifica el reglamento general para su aplicación se sienten «ultrajados por el Estado», tal y como manifestó ayer su portavoz, Vicent Tur. En cambio, calificaron la reunión celebrada en el Consell para abordar el tema de «constructiva y productiva». Tur se mostró satisfecho por el resultado del encuentro y por el hecho de que la institución presente un recurso contencioso administrativo contra el citado Real Decreto 668/2022.
En cambio, no escondió «el cabreo manifiesto que tenemos [los afectados], y esto a veces cuesta dosificarlo. Nos sentimos ultrajados por el Estado, y es algo que no sólo afecta a Formentera, sino también a otros lugares del litoral español». Avanzó que con los pocos recursos que tiene el colectivo, unas 110 familias afectadas, «emprenderemos acciones individuales, pero lo que es importante es que el Consell presente ese contencioso».
Uno de los aspectos que los juristas aclararon a lo largo de la reunión es que en los cascos urbanos consolidados, «la afectación no es tan grave como nosotros pensábamos en principio, pero todo el resto del litoral de la isla está afectado». Como ejemplo, Vicent Tur expuso que la normativa determina que cuando llegue un temporal «y el mar alcance a un cierto punto del interior, una sola vez, ese punto marcará el nuevo deslinde».
El portavoz insistió en que los afectados de Formentera «queremos la protección del entorno y la protección de la propiedad privada; nosotros no queremos construir más y si aquí no tenemos un litoral como en Benidorm, con todos mis respetos, es porque alguien hizo bien las cosas en su momento creando una industria a base de pequeños negocios familiares». «Sólo queremos mantener lo que hay y el nivel de turismo sostenible que tenemos y que se proteja el entorno, porque esto es una parte muy importante de nuestro sistema económico».
Queremos la protección del entorno y la protección de la propiedad privada"
La presidenta de la isla, Ana Juan; la vicepresidenta, Alejandra Ferrer; el vicepresidente, Rafael Ramírez; el conseller de Territorio, Rafael González, y el de Sa Unió, Javier Serra, asistieron a la reunión, en la que participaron por videoconferencia los letrados del despacho de abogados que ha contratado el Consell para dar entrada «el lunes o máximo el 2 de noviembre», cuando vence el plazo, al recurso ante el Tribunal Supremo, avanzó el conseller de Territorio, Rafael González.
Los servicios jurídicos explicaron los detalles del recurso contencioso administrativo que presentará el Consell con el fin de defender los derechos de los afectados por el nuevo reglamento de Costas.
La presidenta Ana Juan se comprometió con los afectados a que la institución insular «luchará por defender sus legítimas propiedades» y volvió a destacar que «una vez más haya consenso político en esta cuestión fundamental para Formentera y para muchas familias», lo que se comprobó en el pleno del pasado jueves.
Retirada del reglamento
Por su parte, el conseller Rafael González detalló que con este recurso, «pedimos la retirada de la modificación del Reglamento General de Costas, aprobado el pasado agosto; queremos que se eliminen los cambios producidos que aumentan la arbitrariedad en los lindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público».
La delimitación del dominio público marítimo terrestre ha sido un tema sensible desde que se aprobó la Ley de Costas. Posteriormente, en 1997, llegó el deslinde de la zona pública marítimo terrestre que afectó a numerosos negocios familiares, apartamentos turísticos e incluso a casas residenciales que pasaban a ser propiedad del Estado.
Ana Juan: «Es un reglamento muy arbitrario y provoca indefensión»
La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, reiteró ayer el firme compromiso de la institución con los afectados por el deslinde de Costas, ahora especialmente con la modificación de su reglamento: «Es un reglamento muy arbitrario, muy abierto y que provoca mucha indefensión hacia los propietarios afectados». Añadió que en caso de que se realice una nueva delimitación de Costas con esta modificación publicada el pasado 2 de agosto, «afectaría a Formentera de manera muy grave». Ana Juan destacó que en la isla, sobre esta materia, hay consenso político: «Vamos todos a una y estamos al lado de los afectados y en esta a reunión ha quedado demostrado». La presidenta se comprometió a «llegar hasta las últimas consecuencias para que este nuevo reglamento no sea efectivo, un reglamento que consideramos injusto».
El conseller de Territorio, Rafael González, explicó algunos detalles en los que se basa el recurso que presentarán a principios de la semana, el lunes o martes a más tardar, y que se basan «en la arbitrariedad del reglamento. Todos los criterios objetivos que existían antes para el deslinde de la costa ahora desaparecen y eso genera indefensión jurídica».
Otra vía en la que se sustentará el recurso contencioso es que «se invaden competencias de la Comunitat Autònoma y de las administraciones insulares y municipales porque en el caso de los núcleos urbanos, se establecen limitaciones en los cambios de usos de las propiedades existentes».
González avanzó que además de la presentación del recurso, el Consell quiere prestar una buena asistencia a los ciudadanos: «A partir del día 2 de noviembre los afectados podrán pedir una cita con el Consell para hacer preguntas particulares y para que conozcan ahora y en el futuro la situación de su propiedad afectada en caso de que se haga un nuevo deslinde de Costas».
