Todos los partidos políticos con representación en el Consell de Formentera volvieron a hacer piña en el pleno celebrado ayer, en este caso para ir contra del Real Decreto de modificación del Reglamento de Costas que fue publicado el pasado 2 de agosto en el BOE. La propuesta nació del grupo de la oposición, Sa Unió, y fue defendida por el conseller Javier Serra, que ejerció de portavoz del grupo.
El principal acuerdo insta «al Consell de Formentera a presentar un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Reglamento General de Costas con el fin de defender los derechos de los afectados por éste». Serra inició la defensa de la propuesta afirmando: «Este reglamento es el atentado más grave a la propiedad privada en Formentera».
Pero no tuvo que discutir mucho porque desde el equipo de gobierno dieron apoyo a la propuesta, tras introducir una serie de «mejoras», tal y como matizó el conseller insular de Territorio, Rafa González. Tras un receso para acordar el texto definitivo, Serra (Sa Unió), González (GxF) y la presidenta Ana Juan (PSOE) llegaron a un acuerdo.
Además de la presentación del recurso, la propuesta insta al Gobierno del Estado a «modificar la redacción del Reglamento General de Costas vigente después de la aprobación del Real Decreto 668/2022, del 1 de agosto, eliminando los cambios producidos que pueden aumentar la arbitrariedad en los lindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público, de forma que se atiendan las alegaciones que se efectuaron en el proceso de participación pública abierto en noviembre de 2021».
De hecho, el conseller de Territorio recordó que el Consell presentó las alegaciones «en tiempo y forma», pero el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico jamás las contestó ni las consideró.
Modificación de la Ley
El pleno también insta al Gobierno del Estado a «suspender cualquier trámite que comporte medidas restrictivas de derechos en aplicación de las novedades reglamentarias operadas tras la reforma del Reglamento en tanto no se efectúe lo previsto en el punto anterior y en iniciar un proceso de reforma de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Ley que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población y elementos costeros tradicionales para otorgarles protección».
En el momento de debatir este punto, la sala de plenos ya estaba llena de vecinos afectados por este reglamento, que en Formentera suman un centenar de familias y que siguieron atentamente el debate de este punto.
Al final, tanto la presidenta de la Plataforma de Afectados por el deslinde de Costas de Formentera, María José Mayans, como otro de sus miembros, Vicent Tur, expresaron su satisfacción por el resultado. Este último manifestó: «No esperábamos nada diferente, pensamos que tenemos la razón y los partidos políticos nos apoyan desde hace años». Tur recalcó que ha tenido la oportunidad de trasmitir a los políticos al finalizar la sesión que «es un orgullo ser de esta isla porque se ha demostrado que este plenario, una vez más, está a nuestro lado y vamos a seguir trabajando juntos para acabar con esta lacra [la Ley de Costas] para la isla que al final no favorece a nadie».
Reunión en la sede institucional
Tal y como estaba previsto, esta misma mañana se celebra a las 12 horas una reunión abierta al público en la sala de actos de la Casa Consistorial, con la asistencia de los representantes políticos, técnicos y miembros de la plataforma de afectados.
La sesión plenaria transcurrió en un tono distendido sin que afloraran tensiones en el debate, aunque sí que se confrontaron ideas y formas de gestionar o entender determinados servicios públicos, pero la tónica general fue la unanimidad en la mayoría de las propuestas del orden del día.
Este fue el caso del apoyo a la propuesta del conseller de Movilidad, Rafael González, de instar «al Gobierno del Estado a bonificar al 100% los abonos y títulos multiviaje del transporte regular terrestre en autobús de Formentera, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y durante las posibles prórrogas que se apliquen». Actualmente ya se ha adelantado la posibilidad de que se amplíe la bonificación a todo el próximo año.
También fue unánime acordar el inicio del trámite para la defensa de la autonomía insular de Formentera en la Ley de Archivos, defendida por la consellera de Patrimonio, Raquel Guasch. Se trata de evitar, según explicó, la tramitación de la Ley 6/2022, de 5 de agosto, de archivos y gestión documental de Balears «en cuanto a los artículos 35 y 39».
Guasch explicó que «la ley de archivos aprobada en el Parlament no reconoce la autonomía de nuestra isla (...) y pone en riesgo nuestras competencias sobre nuestro patrimonio documental».
La tercera modificación presupuestaria del año asciende a 2,25 millones
El equipo de gobierno (PSOE-GxF) aprobó, con la abstención del grupo de Sa Unió, la propuesta de aprobación inicial de una modificación presupuestaria de 2.250.000 euros. Este dinero se destina a hacer frente al pago de las nuevas instalaciones compartidas con la isla de Ibiza en el vertedero de Ca na Putxa (500.000 euros); al incremento de trabajos de mantenimiento de caminos y carreteras, con 670.000 euros; a la liquidación del proyecto de remodelación de la calle de Espalmador (170.000 euros), en es Pujols, y a la liquidación del vial de acceso a la residencia de mayores (90.000 euros). También sufraga el incremento del coste de la energía eléctrica y gas en las instalaciones del Consell (125.000 euros). El conseller de Economía y Hacienda, Bartomeu Escandell, justificó esta tercera modificación «para ajustar a la realidad las cuentas a causa de la crisis económica, así como por nuevas instalaciones proyectadas». Destacó que esta modificación presupuestaria se hace con cargo a los remanentes de la institución y que la deuda del Consell de Formentera sigue siendo cero. Actualmente, el remanente económico de la institución es de 6,5 millones de euros. También se aprobó, en este caso por unanimidad, solicitar al Govern balear que practique la deducción en el IRPF a las familias que tengan alumnos estudiando fuera de la Comunitat Autònoma, tanto si quieren seguir su formación superior en Balears como en otras comunidades o en el extranjero, petición extensiva a las familias de Menorca y Ibiza. También por unanimidad, el pleno aprobó de forma inicial el reglamento para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. El conseller de Bienestar Social, Rafael Ramírez, destacó que se trata de «un reglamento completo que marca los servicios de ayuda domiciliaria que se ofrecen desde el Consell». Finalmente, Sa Unió volvió a solicitar, en «una propuesta recurrente», como reconoció el portavoz, Javier Serra, la modificación de la Constitución Española en su artículo 69.3 sobre la representación territorial de Formentera en la Cámara Alta. Se trata finalmente de volver a pedir un senador propio para la isla, única en el Estado que lo comparte, en este caso con Ibiza.
