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Formentera reconoce que es «imposible» que los nuevos quioscos se monten este verano

El conseller Antonio Tur subraya la necesidad de contar con más informes jurídicos y técnicos para tomar una decisión «con garantías». La presidenta apunta que sin garantía legal se pondría en riesgo a los anteriores titulares, a los que aspiran a una concesión y a la Administración

Lorenzo Córdoba, portavoz de Sa Unió, durante su intervención C.C.

El pleno extraordinario del Consell de Formentera celebrado ayer acordó, con los votos a favor del equipo de gobierno (GxF-PSOE) y en contra de la oposición de Sa Unió (Compromís, PP e independientes), «estudiar la viabilidad legal y técnica para la continuidad de la prestación de los servicios de playas por parte de los anteriores adjudicatarios»

Para lograr este objetivo y que esta temporada se puedan montar estos servicios, el acuerdo del pleno pide un «informe de los servicios técnicos de la conselleria de Medio Ambiente», un segundo «informe jurídico por parte de los servicios del propio Consell» y un tercero que se solicita «de forma urgente al catedrático de derecho administrativo de la UIB, Avel·li Blasco Esteve». 

Todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de buscar una solución para que esta temporada pueda haber servicios en la zona de uso y dominio público marítimo terrestre, desde quioscos a hamacas o sombrillas y escuelas de vela.

El portavoz de la oposición, Lorenzo Córdoba, responsabilizó al equipo de gobierno, especialmente a la conselleria de Medio Ambiente, de no haber sabido gestionar el problema en tiempo y forma. Mientras, el conseller de Medio Ambiente, Antoni Tur, calificó la postura de Sa Unió de «electoralista».

El conseller explicó que los informes solicitados estarán redactados la próxima semana. Un plazo que se ha dado el propio equipo de gobierno para dar una solución a la falta de servicios en las playas cuando la temporada de verano que ya ha empezado.

Sa Unió fue la formación que solicitó, el pasado 4 de mayo, la celebración de este pleno extraordinario y ayer presentó un informe suscrito por el jurista Felio José Bauzá Martorell, fechado el pasado 15 de mayo y que admite que «no es vinculante». 

A pesar de admitir que han accedido a toda la información del expediente, el informe de Sa Unió considera factible dar continuidad a esos servicios hasta la resolución del concurso, en marcha y que sigue abierto. 

El conseller de Medio Ambiente reconoció que su departamento está «al límite de trabajo», analizando las numerosas alegaciones y la interposición de dos contenciosos que piden, como medida cautelar, la suspensión del concurso. Tur manifestó en el pleno: «Consideramos los servicios de playas y la resolución de la licitación en curso un tema de entidad suficiente como para dedicarle todos los esfuerzos necesarios, pero también la máxima prudencia para encaminar este proceso hacia su fase final, que es la firma de los contratos con los adjudicatarios siempre en el marco legal vigente». 

Añadió que alcanzar ese objetivo con todas las garantías y seguridad jurídica, «hace imposible que el servicio pueda ser prestado por los nuevos adjudicatarios esta temporada».

La presidenta del Consell, Ana Juan, que intervino al final de la sesión, manifestó ante las protestas de Córdoba: «La propuesta de Sa Unió se basa en un informe jurídico en el que se habla de prórrogas, cuando no se pueden hacer prórrogas», ya que las anteriores autorizaciones están extinguidas y las instalaciones, desmontadas. 

«No podemos fundamentar una decisión tan importante en un informe jurídico en el que se habla de prórrogas», subrayó Juan, y aseguró que el equipo de gobierno ha estado trabajando desde el inicio del procedimiento, «a pesar de las 60 alegaciones y la presentación de dos contenciosos administrativos pidiendo medidas cautelares». Al mismo tiempo, se reafirmó en «la voluntad política de seguir dando el servicio de playas, por lo que hemos pedido los informes técnicos y jurídicos necesarios».

«Pondríamos en riesgo a los anteriores titulares, a los futuros explotadores y a la Administración»

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La presidenta insistió en que el equipo de gobierno no puede tomar una decisión que no esté sustentada en informes ante las posibles acciones judiciales que puedan adoptar los futuros adjudicatarios, ya que de no hacerlo así, «pondríamos en riesgo a los anteriores titulares, a los futuros explotadores y a la Administración». 

Respecto al informe presentado por la oposición, lo calificó de «deficitario ya que dice lo que se debe hacer sin consultar el expediente y este está colgado en la plataforma de transparencia del Consell, donde todo el mundo lo puede ver». Un extremo que también fue criticado por Sa Unió, que afirmó que a pesar de haber pedido el expediente del nuevo concurso de forma oficial, el Consell «jamás se lo facilitó». 

Los informes solicitados a los servicios técnicos del Consell estarán en unos días redactados y el solicitado al catedrático de la UIB dentro de una semana. «Entonces pondremos toda la maquinaria en marcha para poder firmar los contratos y montar los servicios de playa», dijo Ana Juan.

Sa Unió: «Es una falta de respeto a los ciudadanos»

El portavoz de Sa Unió, Lorenzo Córdoba, no se mostró satisfecho con el resultado de una sesión plenaria que su grupo pidió celebrar de forma extraordinaria el pasado 4 de mayo. Trasladó que su grupo se siente «defraudado» y consideran que la postura del equipo de gobierno representa «una falta de respeto a la oposición y a todos los ciudadanos de Formentera». Córdoba reconoció que una cosa era la propuesta que han presentado al pleno, que fue rechazada, y en la que pedían «dar continuidad a la prestación del servicio a los mismos titulares de las autorizaciones temporales de playas 2013-2021 hasta el 31 de octubre de 2022, cuando finaliza la temporada turística en Formentera». Explicó, en cambio, que el informe redactado por un experto jurista lo recibieron más tarde y lo han presentado para dar más fuerza a su propuesta aunque dijo que «no es vinculante», para denunciar después las dificultades que han tenido para acceder al expediente completo que pidieron el pasado 19 de abril sin recibir contestación a su demanda. Córdoba manifestó: «El equipo de gobierno ha decidido que no se tomara un compromiso para que esto fuera posible [la continuidad de los servicios de playas] y han presentado otra propuesta para estudiar la posibilidad de prolongar estos servicios...».

Sa Unió considera que el equipo de gobierno habría podido pedir antes esos informes técnicos y jurídicos mientras que el aportado por su grupo, «está elaborado y se basa en la información que habíamos pedido al Consell, es decir, cero, y que no nos han facilitado como es su obligación». «A pesar de todo, nosotros hemos venido con los deberes hechos y el equipo de gobierno no», subrayó. Para el portavoz de Sa Unió, «este gobierno es especialista en crear problemas, luego solucionarlos y quedar como héroes».

Al pleno asistió un grupo de los anteriores titulares de servicios de playa que al finalizar la sesión se levantaron y no quisieron realizar ningún tipo de declaración a la espera de que la semana próxima el Consell ofrezca una solución.

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