El próximo 27 de mayo concluye la actual concesión de la dársena de Poniente del puerto de la Savina. A la nueva contrata de gestión, de un año más otros dos de prórroga, se han presentado dos empresas. Una de ellas, Port Med Formentera (empresa vinculada a Nicolás Mayol), «ya ha cerrado precontratos para la continuidad de la explotación, pendiente de la adjudicación formal» por parte de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), tal y como desvela en un comunicado.
Añade que «se constata haber recibido grandes muestras de interés en la ubicación de la concesión». Pero esta mercantil va más allá y considera que una vez abiertas la plicas para la gestión de los puertos de amarre de esta dársena, «el virtual ganador del concurso es la oferta presentada por Port Med Formentera», es decir, ellos mismos. También expresa «su confianza en la inmediata resolución del concurso» y meten prisa a la APB al advertir: «Es necesario que con anterioridad [al 27 de mayo] el sucesor de esa concesión tenga otorgado su título». Y añaden que «cualquier dilación supondría otorgar una ganancia y beneficio ilegítimo al actual explotador de la dársena».
En cambio, fuentes de la APB aseguraron a Diario de Ibiza que el proceso de adjudicación «sigue abierto» y que, de momento, «no hay propuesta de adjudicación de la comisión técnica». La segunda empresa que presentó oferta es Formentera Future Investiments S.L. (Grupo de empresas Paya).
Mientras, la asociación de usuarios profesionales de Marina de Formentera, a través de la Pimef, emitió ayer una nota en la que «transmite su preocupación ante la grave situación que se ha creado» en torno a esta nueva autorización. Subraya que los criterios solo son económicos y «el resultado es que la APB va a ver incrementado el canon anual de lo que viene cobrado en torno al 100%, sin realizar ninguna inversión».
Usuarios y APB
Los usuarios se reunieron el pasado miércoles, de forma telemática, con el presiente de la APB, Francesc Antich, y le transmitieron su «desconcierto ante esta grave situación».
Aseguran que la APB recibe un canon de 935.000 euros al año y va a pasar a cobrar un canon de cerca del 1,7 millones: «La repercusión de este incremento de canon va sobre los usuarios del puerto, especialmente los negocios que dependen de esta concesión (locales y amarres), que tendrán que sufragar el mencionado canon con los pagos de sus locales y amarres». Esto afecta a «numerosas empresas, algunas con más de 30 años de antigüedad» en la isla, advierten.
Para que este año la mencionada marina pueda satisfacer el canon anual, añaden, deberá incrementar los precios de los locales y de los amarres entre seis y 10 veces respecto a lo que actualmente se está cobrando.
Los usuarios consideran que «obviamente esto va a suponer la ruina de muchas empresas y la única parte que va a salir ganando viendo duplicados sus ingresos es la propia APB».
