La sección primera de la Audiencia Provincial de Balears abrió ayer el juicio oral por un presunto delito de prevaricación contra cuatro exconsellers de Gent per Formentera (GxF) que entre 2007 y 2011 formaron parte del equipo de gobierno del recién creado Consell Insular de Formentera. El empresario Leo Stöber, propietario de la ‘ciudad de vacaciones’ Punta Prima, a través de su empresa Sunway, sostiene que estos políticos retrasaron «a propósito» la declaración de impacto ambiental para impedir la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que le daba luz verde a la urbanización en esta zona.
El expresidente del Consell de Formentera Jaume Ferrer, y tres de sus antiguos consellers: Sonia Cardona, Bartomeu Escandell (sigue siendo conseller de Hacienda) y Josep Mayans, todos de Gent per Formentera, volvieron ayer a sentarse en el banquillo de los acusados para reiterar su inocencia y detallar que siempre siguieron los informes técnicos que les recomendaban desde el Govern ante la inminente aprobación del Plan Territorial Insular (PTI), que fue aprobado, por mayoría absoluta, en 2010.
Fiscalía no acusa
En esta causa solo acusa el citado empresario, representado por los abogados Pedro Horrach y David Salvá, dado que la Fiscalía considera que no existe delito y ya pidió el sobreseimiento del caso en 2013.
El conflicto surge cuando el Consell de Formentera, al aprobar el PTI, reconoce la calificación urbana de los terrenos en conflicto pero le otorga un índice de edificabilidad cero.
El empresario afirma, en su acusación, que el Consell retrasó a propósito la autorización urbanística de la zona, bajo la excusa de que no existía un informe de impacto ambiental, para perjudicar sus intereses.
Esta prohibición se justificó a través de la aprobación del PTI, que apostaba por la necesidad de mantener el paisaje, dado que Punta Prima está en la zona periférica del Parque Natural de ses Salinas de Ibiza y Formentera.
Durante su intervención ante el tribunal, Jaume Ferrer explicó ayer el proceso que representó la creación del Consell de Formentera, en el que se integró el Ayuntamiento. Esta creación supuso asumir todas las competencias urbanísticas con pocos medios y personal.
La declaración
El expresidente, defendido por Fernando Mateas, detalló que nunca quiso perjudicar los intereses del empresario alemán y rechazó que tuviera conocimiento de un antiguo compromiso político por el que se autorizaba la ampliación del complejo turístico.
Ferrer añadió en su declaración que la autorización de la ampliación de Punta Prima iba en contra de los criterios urbanísticos que imponía el Govern, señalando que siempre se siguieron criterios técnicos.
El entonces conseller de Territorio y actual responsable de Hacienda, Bartomeu Escandell, siguió la misma línea en su declaración que la de Ferrer, insistiendo en que hubiera sido ilegal autorizar la construcción y recordando que varios pronunciamientos judiciales dieron la razón al Consell de Formentera.
Se refería al hecho de que Leo Stöber, antes de llegar a la vía penal, haya perdido todos los contenciosos administrativos, llegando al Supremo, en el intento de invalidar el PTI de 2010. Todas las sentencias judiciales, en este sentido, señalan que el ordenamiento urbanístico insular se ajusta a la ley.
Los otros dos acusados dijeron que no intervinieron en este proceso urbanístico, si bien votaron a favor. Se quejaron de que únicamente se había sentado en el banquillo a los políticos de GxF, cuando también hubo dos diputados socialistas que votaron a favor del PTI.
El tribunal tiene previsto prolongar este juicio hasta el próximo jueves. Hoy se prevé la declaración del denunciante, el empresario Leo Stöber.
