El Consell de Ibiza elude marcar las zonas de alto valor agrario y el Govern aún no ha decidido si va a intervenir

La conselleria balear de Agricultura sostiene que aún no ha decidido si va a intervenir para aprobar por su cuenta, ante la pasividad del Consell de Ibiza, las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA) de Ibiza previstas en la ley Agraria de Balears aprobada en enero de 2019.

Esta ley daba un plazo de dos años a los consells insulares para aprobar, al menos inicialmente, a través de un reglamento o la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) la delimitación de estas áreas sobre el terreno. La misma normativa especifica, en la disposición transitoria segunda, que si los consells incumplen el plazo de dos años (expiró hace dos años), la conselleria de Agricultura «se podrá subrogar» para hacerlo por su cuenta.

Las zonas de alto valor agrario se corresponden con terrenos de suelo rústico adecuados para el cultivo y la explotación ganadera y que merecen ser conservadas para este uso. Por ello, en estas áreas, la ley sólo permite la construcción de viviendas de nueva planta si están vinculadas a una explotación agraria preferente y, obviamente, lo permite la normativa urbanística.

Sin embargo, esta limitación, según marca la ley, no se puede aplicar hasta que se delimiten las ZAVA. Mientras tanto, eso sí, la legislación agraria balear obliga a que para autorizar cualquier construcción o actividad en las Áreas de Interés Agrario (en el caso de Ibiza todo el suelo rústico común general, no el protegido, tiene esta categoría, según el Plan Territorial Insular aprobado en 2005), el Consell debe hacer un informe preceptivo y vinculante que garantice que no se compromete el valor fértil del terreno ni la productividad ni viabilidad agraria de la finca, que hay suficiencia y calidad del agua y se respetan y mantienen los sistemas de drenaje tradicional. En agosto de 2020, el Consell aprobó una instrucción para concretar el alcance de estas condiciones. En el caso del agua, por ejemplo, no se pueden abrir nuevos pozos.

Superados dos años del plazo máximo otorgado por la Comunitat Autònoma, el Consell no sólo no ha delimitado las ZAVA sino que incluso ha manifestado que no tiene interés en hacerlo. De hecho, está ultimando una modificación puntual del PTI en la que no se aborda esta cuestión.

El Consell espera que se elimine

En el pleno del pasado mes de octubre, el vicepresidente primero, Mariano Juan, en el debate de una propuesta de Unidas Podemos para que la institución delimite ya las ZAVA y que fue rechazada, dijo que no tenía «mucha prisa» en cumplir el mandato de la ley agraria. De hecho, criticó que las ZAVA «hacen la vida imposible a los ciudadanos» al impedir la construcción de viviendas, salvo aquellas que se vinculen a una explotación agraria preferente (profesional).

«El Govern no nos va a marcar la agenda. Espero que el nuevo Govern [si el PP gana las elecciones de mayo] elimine las ZAVA», resaltó, evidenciando claramente cuáles son sus intenciones. También dijo que el Consell de Formentera, que sí ha cumplido el mandato legislativo, sólo ha delimitado como ZAVA «una finca pública». «Ate cabos», le dijo al portavoz de Unidas Podemos, Antonio Saucedo, en referencia al supuesto perjuicio, según su criterio, que causa a los propietarios de terrenos esta figura de protección de la agricultura.

Ahora, Juan afirma que la ley agraria balear «no prevé consecuencias» en caso de que «se incumpla el plazo». «El PTI sigue en vigor, no pasa nada. No hay una consecuencia escrita», afirma en referencia a que la ley prevé la posibilidad de que el Govern balear, si lo considera, se subrogue la competencia y delimite por su cuenta las ZAVA. De momento, dos años después y a apenas cinco meses de las elecciones, una portavoz de la conselleria balear de Agricultura afirma que no se ha tomado ninguna decisión sobre esta cuestión.

En cambio, la conselleria balear de Medio Ambiente sí ha intervenido, porque así lo preveía el decreto 9/2020 de medidas urgentes en materia urbanística, y ante el incumplimiento del Consell de decidir antes del 31 de diciembre de 2021, el futuro de los llamados falsos urbanos de Sant Josep y Sant Antoni, lo ha hecho por su cuenta. En concreto, a través del decreto 10/2022 aprobado la semana pasada, desclasifica todos los falsos urbanos que cumplían las condiciones que establecía el decreto anterior (el 9/2020).

Suscríbete para seguir leyendo