Abiertos 101 expedientes por infracciones en el alquiler de barcos en Baleares

La dirección general de Transporte Marítimo y Aéreo ha tramitado 101 expedientes sancionadores en Baleares a lo largo de 2022 relacionados con infracciones en el ejercicio de la actividad de arrendamiento de embarcaciones de recreo, un 48,5 % más que el año anterior, cuando se tramitaron 68.

La mayoría son por dos infracciones administrativas: hacer la actividad sin declaración responsable o autorización o bien no llevar a bordo la documentación sobre dicha declaración responsable o autorización, ha detallado la conselleria de Movilidad y Vivienda en un comunicado.

En cuanto a la realización de la actividad sin la correspondiente declaración responsable o sin autorización, siempre que no se cumplan los requisitos legales o reglamentarios para realizar la actividad, es una infracción considerada grave, según la Ley de actividades marítimas, náuticas y subacuáticas. Por este motivo se han abierto 51 expedientes a lo largo de 2022.

La segunda infracción más frecuente es la de no llevar a bordo copia de la declaración responsable o autorización, o no mostrarla al funcionario inspector o autoridad que la solicite, una infracción leve, que ha supuesto la apertura de 50 expedientes en 2022.

De este centenar de expedientes abiertos, ya hay 44 concluidos que se han traducido en sanciones por un importe de 39.580 euros.

Por islas el 44,5 % de los expedientes incoados corresponden a Menorca, el 25,7 % a Mallorca, 15,8 % a Ibiza, el 11,8 % a Formentera y el 1,9 % a Cabrera.

En 2022, la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo realizó por segundo año consecutivo una campaña de inspecciones de embarcaciones que llevan a cabo la actividad de alquiler de barcos de recreo en Baleares, con la colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, agentes de la Unidad Regional Aeronaval de Vigilancia Aduanera de las Baleares y de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio.

Se llevaron a cabo inspecciones de junio a septiembre en Palma, Alcudia, Colonia de Sant Jordi, Sóller, Andratx, Ciutadella, Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Formentera.

Fueron inspeccionados 72 barcos y se levantaron 89 denuncias por posibles infracciones administrativas de la normativa autonómica.