El director general de Residuos del Govern balear, Sebastià Sansó, compareció ayer ante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados para explicar el posicionamiento del Govern balear sobre el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, actualmente en tramitación a la cámara alta del Parlamento estatal. Durante la intervención, Sansó denunció que el proyecto de Ley «mantiene la insensibilidad respecto a la insularidad, puesto que no asegura la financiación del transporte de residuos de las islas, como Formentera, que no tienen capacidad de tener instalaciones de tratamiento».
En este sentido, recordó que el Govern ha pagado más de 7 millones de euros en los últimos diez años por este concepto. El director general insistió en que «leyes sectoriales como esta inciden en la incomprensión de los sobrecostes que tenemos que asumir los territorios insulares» y lamentó que el proyecto de Ley se limite a incluir la posibilidad de que el Estado financie estos gastos «en función de la disponibilidad presupuestaria».
Sebastià Sansó pidió «compromiso político» con Balears en el proyecto de Ley de Residuos, en trámite
Sansó pidió «sensibilidad» a los diputados en esta materia y que incluyan en el texto definitivo «una redacción clara y que comprometa presupuestariamente al Estado en esta materia».
La comparecencia del director general se realizó a petición del grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y es el único alto cargo autonómico que fue invitado a esta ronda de comparecencias, acordada por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Sebastià Sansó consideró que «esta comparecencia supone un reconocimiento más a la Ley balear de residuos» y confió en que «los diputados extraigan conclusiones positivas de su contenido y los trasladen a la normativa que prepara el Estado».
El director general pidió más compromiso político hacia el citado el proyecto de Ley, actualmente en el Congreso: «Es un punto de partida», pero también añadió que «para avanzar de verdad hacia un cambio de modelo, para pasar de la sociedad del reciclaje a la sociedad residuo cero, para volver de verdad a una economía circular, hay que ser más ambiciosos».
Recordó que la Ley 8/2019 de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada por una amplia mayoría del Parlamento, es una herramienta más útil para avanzar hacia un modelo circular y reclamó: «La Ley que prepara el Gobierno del Estado no tiene que ser un techo de cristal para las comunidades autónomas». Con ese argumento defendió que las comunidades autónomas tienen competencias de dictar normas de protección adicional del medio ambiente y lamentó que el proyecto de Ley actualmente limite la posibilidad de ampliar o mejorar la responsabilidad ampliada del productor de residuos cuando, según defendió, es la mejor forma de aplicar del principio ambiental de ‘quien contamina paga’.
A modo de conclusión, Sansó pidió a los diputados que incrementen los objetivos que están fijados al proyecto de Ley porque «no sólo nos jugamos nuestra salud y la del planeta, nos jugamos seguir a la cola de Europa en gestión de residuos y nos expone a recibir multas sustanciosas por parte de las instituciones europeas».
