UGT de Formentera denunció ayer, mediante nota de prensa, que el Consell Insular «ha incumplido la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas». El sindicato explica que ha podido comprobar, a través del portal de transparencia, cómo la conselleria de Juventud, Participación y Nuevas Tecnologías, Vanessa Parellada, confirmó el pago de una factura «que se ha abonado a un trabajador del área de Nuevas Tecnologías que se encuentra en situación de excedencia».

La organización sindical añade que la consellera (que no cita en la nota), es «conocedora de la incompatibilidad y pese a ello encargó dicho trabajo y ordenó que fuera abonado». Detalla que en la citada transacción el montante «no tendría la mayor transcendencia», a no ser por la situación de excedencia del trabajador.

El sindicato asegura que el Consell también estaría infringiendo un artículo de la Ley de Contratos del Sector Público, según la cual «esa apreciación de la prohibición de contratar debe efectuarse directamente por el órgano de contratación, por lo que, si no se ha estimado ni valorado, podría estar incurriendo en un acto fraudulento».

Por todo lo expuesto, UGT «exige una disculpa inmediata por estas actuaciones y solicita la apertura de un expediente informativo para conocer de manera exhaustiva los procesos de contratación y encargo». Además, pide que «los actos perpetrados por la conselleria se pongan en conocimiento de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears; de la Oficina de Transparencia y de la Sindicatura de Comptes». La organización advierte de que se reserva el derecho «de tomar las acciones pertinentes si no se soluciona esta grave situación».

La nota de prensa, firmada por el representante sindical, José Ramón Mateos, carga contra la citada consellera al recordar que «la Justicia se ha manifestado contraria a su gestión hasta en tres ocasiones y mediante sentencia durante su etapa al frente de Personal, en la pasada legislatura».

A juicio del sindicato, «su incumplimiento de la ley se reitera siendo una constante en su gestión» y considera que «ha demostrando (...) su incapacidad para el ejercicio público y especialmente para la administración del dinero público».

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión del Consell.