El pleno del Consell de Formentera tuvo ayer dos protagonistas claros: Rafa Ramírez, conseller de Bienestar Social (PSOE) y Llorenç Córdoba (independiente), líder de la coalición de centro derecha en la oposición, Sa Unió. Ambos se enzarzaron en un debate ideológico más que concreto, intercambiando todo tipo de acusaciones, para dirimir una propuesta de Sa Unió sobre la implantación todo el año de una base del 061 por parte del Govern balear. La iniciativa fue que finalmente rechazada por los votos del equipo de gobierno (GxF-PSOE).
Sa Unió pedía una rectificación por parte de la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, sobre la implantación de este servicio en la isla ya que, recientemente en rueda de prensa, dijo que este verano se mantendría la misma dotación del 061 en la isla que el pasado verano. El segundo apartado solicitaba «el refuerzo de las urgencias simultáneas, mientras no se ponga la base del 061», ya que, en la actualidad, fuera de la temporada de verano solo opera una ambulancia de Urgencias.
Ramírez le acusó entones de «tirar la piedra y esconder la mano», respecto a la línea política que «marca su partido, ya que no cree en la sanidad pública». Ramírez aseguró que «existe un presupuesto para el 061 (1,2 millones de euros), un terreno ya disponible y se está redactando el proyecto para la base del 061». Insistió en que el Consell lo había solicitado, tal y como se acordó en otro pleno, hace un mes y medio.
Llorenç Córdoba interpretó entonces que la negativa del equipo de gobierno a su propuesta se debía a que «escogen antes la disciplina de partido [en referencia al PSOE] a poner encima de la mesa los intereses de los ciudadanos de Formentera».
La sesión plenaria de ayer fue presencial y a través del canal de Youtube la siguieron, en su máxima audiencia, 13 personas (incluidos periodistas). El escaso seguimiento no impidió que en algún momento algún conseller se pusiera grandilocuente, aludiendo a la gente estaba siguiendo el pleno por ese canal.
Derecho civil propio
Esto coincidió con la intervención de Javier Serra, de Sa Unió, y el conseller de Hacienda, Bartomeu Escandell, a cuenta de la demanda ya realizada y argumentada a través de un informe del notario de Formentera, sobre la aplicación de los criterios fiscales de la Agencia Tributaria a los pactos sucesorios, recogidos en la Compilación de Derecho Civil de las Pitiusas. La propuesta de Sa Unió no fue aprobada por «reiterativa», según justificó el conseller de GxF, Bartomeu Escandell. Pero Serra tiró de tremendismo: «Las familias se van a quedar desamparadas, peligran las herencias de muchos por el importe que tienen que pagar de impuestos debido a una interpretación de la Agencia Tributaria».
Escandell negó este extremo e insistió en que había hablado personalmente con la ATIB y que se mantenían los criterios de no considerar las herencias en vida como donaciones, lo que podría resultar «desastroso económicamente» para los herederos, tal y como reiteró, una y otra, vez Javier Serra.
Otros acuerdos
En la sesión se aprobó por unanimidad una propuesta de modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por inicio de actividad económica y preautorizaciones temporales de establecimientos.
El conseller de Territorio, Rafael González, explicó que esta medida se lleva adelante «ahora que la economía necesita un impulso, dentro del marco de ayudas y bonificaciones de tasas e impuestos que promueve el Consell para ayudar a las empresas a paliar los efectos de la crisis». En concreto, las tasas de inicio de actividades hasta final de año estarán bonificadas en un 50% y, con respecto a la tasa de cambio de titular y modificaciones simples, se reducirá en un 83%, pasando de pagar 1.200 a 200 euros.
El pleno también aprobó, con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, el programa de explotación de 2021 y la regularización de 2020 del contrato con la UTE Giref para la redacción de los proyectos, la construcción, la puesta en funcionamiento y la explotación de algunas instalaciones de tratamiento integral de residuos previstas en el Plan Director Sectorial de Gestión de residuos Urbanos.
El conseller de Medio ambiente, Antonio Sanz, explicó que «se ha establecido un canon de transferencia de 145,11 euros / tonelada para 2021». También se ha aprobado desestimar la solicitud del concesionario que reclamaba una compensación por los efectos posteriores de la pandemia.
La declaración de BIC para es Molí Vell de la Mola fue aprobada con la abstención de Sa Unió, porque no le pareció bien la protección de 200 metros en el entorno del monumento, recomendada por un informe del Institut d’Estudis Eivissencs, ya que preferían que fuera de cien metros.
