El Consell de Formentera está apurando el plazo máximo para renovar la actual contrata de recogida de basuras, que se encuentra desde el pasado 28 de febrero en una «prolongación forzosa». Se trata de un servicio esencial, de competencia municipal, destinado a la recogida de basuras, limpieza viaria y de playas, así como del mantenimiento de parques y jardines. Este contrato que se prevé para los próximos ocho años, más prórrogas, suele ser uno de los más abultados económicamente y por la recaudación de tasas municipales que se destinan a cubrir el coste del servicio.

Actualmente la cifra es de unos tres millones de euros anuales, que pagan los ciudadanos a través de sus correspondientes recibos para recibir un servicio que el propio conseller de Medio Ambiente, Antonio Sanz, calificó de «insuficiente para las actuales circunstancias».

El conseller avanzó que las principales novedades de la contrata «son que se adaptará a los nuevos ciclos de recogida de basuras, a las nuevas situaciones, a la nueva fracción que viene, la orgánica, y sobre todo al principio de recirculación para intentar al máximo el reaprovechamiento». El principal avance será que se integrará «de forma progresiva el pago en función de la generación», de los residuos de cada ciudadano o empresa, de tal forma que «paguen más los que más generen y menos separen». El conseller avanzó que la implantación de este sistema será de forma progresiva en los tres primeros años de la nueva contrata, «no empezará el primer día», dijo.

Desbloquear el contrato

Para desbloquear ese contrato, el pleno del Consell, convocado para mañana, dará un paso decisivo con la aprobación del informe sobre coste del servicio. Este trámite es preliminar a la aprobación del pliego de condiciones que el conseller espera que no se demore más allá del pleno del mes de octubre. Aunque no se atreve a poner fecha, espera convocar el concurso antes de que acabe este año.

El responsable de Medio Ambiente explicó que en los últimos meses ha realizado el trámite para obtener el informe favorable de la Junta consultiva de Balears sobre la distribución de los costes del servicio, previa consulta a cinco operadores del mercado, sin que durante ese periodo de exposición se presentara ninguna alegación.

Este trámite «es el paso previo para poder licitar la nueva contrata», precisó Sanz. Se trata finalmente de un estudio en el que se fijan los porcentajes de distribución de costes, no las cuantías, del servicio respecto al personal, maquinaria, mantenimiento, reparaciones, carburantes y seguros, entre otros capítulos. En ese documento también se fija la fórmula de revisión de precios: «Esto es importante ya que establece qué es lo que puede pasar a lo largo de los años con el contrato, ante cualquier situación extraordinaria».

Sanz señaló que todavía no puede dar cifras sobre el coste del servicio hasta que el pliego de condiciones se haga público. En el mismo se establecerá la cifra de salida de la contrata: «Será superior a lo que tenemos ahora pero no podemos dar una cifra», manifestó.

El conseller explicó que «el pliego de condiciones está en su fase final de redacción y luego, una vez aprobado por pleno pasará a licitación».

Antonio Sanz no quiso comprometerse con fechas:«me gustaría decir que será en el próximo pleno [final de octubre] ojalá sea así, pero no lo puedo garantizar por la complejidad y relevancia que tiene un contrato de estas características, que queremos dejar bien hecho».

Añadió que espera que la nueva contrata pueda empezar a trabajar en el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta los plazos administrativos y la demora que puede representar la presentación de eventuales alegaciones: «La intención es que a lo largo del año que viene esté el contrato en marcha», manifestó.