El representante de Formentera Mar, concesionaria hasta 2018 de los 91 amarres recreativos de la dársena de Levante del puerto de la Savina, Raimundo Clar, se desvinculó ayer de cualquier relación con el caso que investiga la fiscalía Anticorrupción de Balears, en relación a las supuestas irregularidades de la cúpula de la Autoridad Portuaria de Balears (APB) por la concesión de amarres en Maó, Ibiza y Formentera y que llevó el jueves a la detención del presidente, Joan Gual de Torrella, y otros cuatro directivos.

«Nosotros no hemos tenido nada que ver con este caso, nos hemos enterado por la prensa, lo que no nos deja de parecer simpático», explicó con ironía Clar.

Recordó que Formentera Mar tiene abiertos dos contenciosos administrativos contra la APB, pendientes de resolución. Uno por la denegación de la prórroga que solicitaron en 2018 y el segundo contra la adjudicación a la empresa Desarrollos Concesionales Insulares (Decoin) por la Autorización de Ocupación Temporal (AOT) para la gestión de la dársena de Levante, permiso que concluye a final de este año.

En 2018 Formentera Mar presentó una alegación ante la APB en la que pedía que desestimara «la condición de licitador de Decoin por incurrir en causa de prohibición legal o por poner en riesgo la libre concurrencia en la oferta de amarres y servicios en el puerto de la Savina». El motivo eran las sospechas de que detrás de Decoin estaba Marina de Formentera, por lo que a su juicio «el licitador real era Marina de Formentera (...), que no podía acceder abiertamente al concurso al producirse una situación de monopolio», ya que gestiona la otra dársena de la Savina.

La fiscalía Anticorrupción mantiene ahora abierta una nueva línea de investigación que sostiene que el presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, se habría podido aprovechar de su cargo para solucionar problemas económicos relacionados con la quiebra de su empresa familiar, que recibió auxilió del ISBA. Esta entidad financiera, sin ánimo de lucro,consigue liquidez mediante avales y garantías a las empresas, y su consejo de administración está presidido por Eduardo Soriano que, a la vez, preside la empresa Decoin, a la que se dio la autorización de la dársena de Levante.