El pleno del Consell de Formentera, el primero celebrado de forma presencial tras el final de estado de alarma por la pandemia Covid-19, aprobó ayer por unanimidad dos mociones de urgencia presentadas por el equipo de gobierno que cambian los criterios de regulación de los aparcamientos controlados (zona azul) en los pueblos de la isla.

El conseller de Movilidad, Rafa González, explicó que estas ordenanzas varían «para poder modificar el horario de aparcamiento de es Pujols, que este año tendrá el mismo que el resto de zonas azules, de 9 a 21 horas». Otra novedad es que se recoge una reclamación del sector hotelero debido a la crisis con el objetivo de introducir bonificaciones del 25% en el importe de la tasa de aparcamiento para que los establecimientos hoteleros situados en localidades con zona azul, los puedan ofrecer a sus clientes.

González explicó también las modificaciones que permiten poner en marcha una aplicación móvil, en formato de pago, para sacar los tiques de la zona azul. También se hacen extensivos los aparcamientos de 15 minutos en las poblaciones de la Savina y es Pujols. Además, los controladores de aparcamiento podrán vigilar núcleos como es Caló aunque no tengan regulación de aparcamiento, como ya vienen haciendo los días de mercado en el Pilar de la Mola. Al mismo tiempo, el Consell prorroga automáticamente hasta fin de este año las autorizaciones de los vehículos de residentes inscritos hasta el 30 de marzo.

Los consellers también aprobaron por unanimidad dos mociones de urgencia consensuadas previamente entre todas las formaciones políticas relativas a la subestación eléctrica de Endesa de es Ca Marí.

El conseller de Medio Ambiente, Antonio Sanz, explicó que se trata de desarrollar un programa de formación para que los técnicos del Consell «puedan realizar tareas de control e inspección acústica» para garantizar de esta manera el cumplimiento de los niveles de emisión de ruidos de la planta eléctrica.

Sanz precisó que la propuesta incluye que el Consell pueda desplegar «las atribuciones de la ley balear contra la contaminación acústica».

Recordó que la Comisión de Medio Ambiente aceptó en mayo «las medidas correctoras» presentadas por Endesa, en contra de los criterios más restrictivos del Consell, lo que ha impedido implementar las medidas para reducir su impacto sonoro. Sanz manifestó: «Aunque las competencias en energía corresponden al Govern, queremos garantizar el correcto cumplimiento de los niveles de emisión sonora» de la planta.