El director de la oficina de Defensa de los Derechos del Menor de Balears, Serafín Carballo, avanzó ayer que la actuación de la Policía Local, con la unidad canina, el pasado miércoles 12 de febrero en el IES Marc Ferrer para realizar «una actividad preventiva» contra el consumo de drogas, era «legal». No obstante, señaló que la investigación para aclarar lo sucedido y ver si se habían vulnerado o no derechos de los menores «está en fase de recoger información» y pendiente del informe de Educación y de hablar con un representante de la Apima.

Carballo indicó que, de momento, solo cuenta con el informe de la Policía Local de Formentera, pero que además había analizado las distintas normativas relativas a la intervención de las policías en los centros educativos «y la conclusión es que no hay ninguna ilegalidad, no se ha hecho nada que no prevean las distintas instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad», aseguró.

También precisó que aunque por una parte se ha dicho que hubo cacheos, el informe de la Policía Local niega este extremo: «El informe explica que fueron la Policía tutora y su compañero responsable de la unidad canina, con la perra, a dicho centro dentro de una actividad programada y a petición de la dirección del centro» y que la perra adiestrada «no fue activada para detectar; entonces, fue olisqueando pero eso se hizo en un ambiente distendido, no se cacheó a ningún menor según el informe de la Policía», subrayó.

Carballo señaló asimismo que la motivación de esta actuación fue que «hay un problema de consumos de sustancias por parte de algunos chavales dentro del instituto, incluso más allá de consumos ha habido trapicheos. Esa preocupación entre los docentes y la comunidad educativa lleva a plantear una actuación así, a la que, en principio, se le da un carácter pedagógico». En este caso, de haberse producido ese cacheo «se habría tenido que realizar en un lugar apartado, delante del director» del centro educativo.

División de opiniones

División de opiniones

Serafín Carballo entiende que haya división de opiniones entre los padres: «Unos piensan que no se puede ir a más en el aumento del consumo y que hay que hacer algún tipo de intervención para aquellos que se pueden dedicar al trapicheo en el centro y tengan así un aviso a navegantes».

Por otro lado, también admite que «a otros padres les ha parecido inapropiada» esta actividad. Pero insistió en que en esa actuación «no se apartó ni se identificó a ningún menor». A su juicio, lo que falló fue que la dirección del centro «no informó a la Apima de esa actividad con la Policía».