El nuevo conseller de Territorio de Formentera, Rafa González, considera que el crecimiento urbanístico que se produce en la isla se debe a una serie de factores, como que «la isla es un territorio protegido afectado por muchas medidas ambientales; es un territorio muy atractivo a nivel urbanístico». Además, indicó que «los medios de la Administración son finitos, tanto a nivel humano como material».

González aseguró que la carga de trabajo es elevada y reconoció que la conselleria, «a día de hoy, no está dando un servicio adecuado a la ciudadanía en cuanto a plazos». De esta forma, González admitía que las quejas de los arquitectos, recogidas por Diario de Ibiza el pasado 27 de octubre, son fundadas, ya que la media para obtener una licencia de obra nueva se sitúa en unos tres años, si toda la tramitación va bien.

Al respecto, González manifestó: «Los plazos que tenemos para dar respuesta [a la solicitud de licencias] se deben reducir».

Para solucionar la situación, el conseller analiza, desde que asumió este departamento, qué es lo que funciona y qué es lo que debe mejorar. Como medidas inmediatas para agilizar los trámites anunció que en el presupuesto de 2020 del Consell se incluye una partida para contratar a dos personas más, un técnico y un administrativo. Actualmente hay seis técnicos y cuatro administrativos que trabajan en este departamento.

Con los datos en la mano, el conseller señaló que las demanda de licencias se mantiene en el tiempo y que entre 2015 y 2018 se realizaron un total de 67 solicitudes de obra nueva en suelo rústico y 19 en urbano. De esa cifra, los expedientes afectados por Patrimonio o algún tipo de protección fueron 36 en rústico y ocho en urbano. Es decir, que más de la mitad de las solicitudes de obra nueva han tenido que pasar por una tramitación más compleja.

En cuanto a las licencias resueltas en ese mismo periodo de tiempo, se otorgaron 42 en suelo rústico y nueve en urbano.

Respecto a las solicitudes para obras de reforma que no implican aumento de la superficie de la vivienda, fueron solicitadas 401 y las demandas de permiso para obras menores alcanzaron las 1.047. En este mismo capítulo se resolvieron, de forma favorable, 221 expedientes de reformas y 836 de obras menores.

En cuanto a las obras ilegales, el procedimiento es abrir expedientes para el restablecimiento de la legalidad y entre 2015 y 2018 se abrieron un total de 207, mientras se incoaron 83 sancionadores en el citado periodo de tiempo.

43 demoliciones

González recordó que el restablecimiento de la legalidad se consigue por la vía de la consecución de licencia o por la demolición. Por este motivo, de los 207 expedientes abiertos para restituir la legalidad urbanística se han producido 71 legalizaciones: 28 consiguiendo la correspondiente licencia de obras, cuando las características del terreno y de la construcción lo permitían. Por la vía de la demolición fueron 43 las viviendas que se tuvieron que tirar en esos cuatro años.

El año que más expedientes de restablecimiento de la legalidad se abrieron fue 2015, con 73. En los años siguientes la cifra fue bajando a 63 en 2016, 35 al siguiente y 36 en 2018. Pero llama más la atención las cifras de expedientes sancionadores, que conllevan multas, ya que en 2015 fueron 40, 21 al año siguiente y 20 en 2017. Pero en 2018 solo hubo dos.

El conseller justificó este descenso a todo el proceso de zonificación turística realizado y a la normativa que va pareja, así como «al hecho también de que se tengan que entregar las correspondientes cédulas» de habitabilidad.