El Govern balear deberá garantizar la conectividad entre Formentera e Ibiza todo el año, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de las Balears, aprobada en 2010, «y en su caso mediante el establecimiento de obligaciones de servicio público a las navieras». Además, deberá prestar especial atención a la primera salida de la mañana de las 6 horas desde Formentera y de vuelta a las 23.30 horas desde Ibiza.

La diputada de GxF-PSOE-EU, Sílvia Tur, defendió la moción que había consensuado previamente con los grupos de la coalición que representa y no aceptó ninguna de las enmiendas que presentaron Ciudadanos y el PSOE. Sin embargo, al final recibió el apoyo de toda la Cámara autonómico. Solo los diputados de Més per Mallorca no votaron ya que se ausentaron de la sesión en el momento de la toma de posición de la moción de Sílvia Tur. Entonces su portavoz, Miquel Ensenyat, dijo que no participarían en ninguna votación y que dejaban la sala en protesta por la sentencia del procès, que calificó de «absurda e injusta».

Triple insularidad

Triple insularidad

Aparte de lo que afecta a las citadas frecuencias para garantizar la movilidad de los habitantes, la moción también constata «la triple insularidad que afecta a los residentes de Formentera» e insta al Govern a convocar, con carácter urgente, la mesa del transporte marítimo «para continuar las labores de diálogo y negociación que permitan avanzar en la aprobación del reglamento que debe desarrollar la Ley 11/2010 de 2 de noviembre, de Ordenación del Transporte Marítimo de las Islas Baleares, en un plazo máximo de tres meses».

Es a través de ese reglamento que se pretenden regular las excursiones marítimas y evitar la salida de varios barcos al mismo tiempo en la línea pitiusa en determinadas franjas horarias, en las que llegan a zarpar tres buques casi a la vez.

A pesar de que la moción había sido pactada por GxF, PSIB y EU en Formentera, el grupo parlamentario socialista presentó una enmienda, en el punto 4, para eliminar del texto la frase «en un plazo máximo de tres meses» . Tur aseguró sentirse «decepcionada» ante esta enmienda y no aceptó introducirla en su propuesta. Sin embargo, el texto obtuvo el apoyo de los 48 diputados presentes en la sala.

En cambio, Sílvia Tur agradeció al diputado del PP Vicent Marí (presidente del Consell de Ibiza) el apoyo de su grupo. Marí comenzó diciendo que conocían muy bien, desde Ibiza, «cuáles eran los problemas que provoca a los ciudadanos de Formentera su dependencia del transporte marítimo con una única vía de entrada y salida». Y añadió: «Somos totalmente solidarios y compartimos la necesidad de buscar soluciones que faciliten la movilidad a los formenterenses».

Pero lo que hizo ayer el Parlament fue aplicar la Ley autonómica del Transporte Marítimo de 2010, que no ha sido desarrollada en estos nueve años.

Desde entonces está parada y el último intento de reactivarla fracasó en diciembre de 2018. Entonces, la dirección general de Transporte Marítimo del Govern quiso consensuar un borrador del futuro reglamento al que además de unas 40 alegaciones, presentadas por los distintos sectores afectados (incluidas las navieras), se sumó un informe negativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que señalaba serias dudas sobre la viabilidad legal del control del tráfico marítimo ya que podría afectar a las reglas de la libre competencia.

Ahora queda por ver cómo el Govern cumple con la fijación de esas frecuencias. Sílvia Tur entiende que «de forma inminente tendría que entrar en contacto con las navieras para buscar soluciones y ver su predisposición». También indicó que cabía la vía de la declaración de obligación de servicio público que contempla la Ley, pero «es más complicada», reconoció.

Antecedentes

Antecedentes

No es la primera vez que el Govern balear busca soluciones para garantizar la primera y la última barca entre las Pitiusas. La primera fue por la vía de la subvención a las navieras. Cuando Pep Mayans (AIPF) era diputado, entre 2003 y 2007, el Govern cubrió desde diciembre de 2005 el coste del primer enlace con 150.000 euros anuales y el de regreso de las 21.30 horas con 120.000 euros. Esta medida duró dos años.