La Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera ha creado una Comisión de afectados por la Ley de Costas 22/1988, formada por empresarios y concesionarios que trabajan en la zona marítimo terrestre litoral de las Pitiusas.
La primera reunión se celebrará en la sede de la UIB, en Vila, el 15 de julio entre las 11.30 horas y las 14 horas, para informar sobre la problemática actual. Primero intervendrá el letrado José Antonio García Trevijano, le seguirá Pau Socias Morell, ingeniero de caminos, canales y puertos, y finalmente el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Marí, presentará la nueva Comisión de afectados por el deslinde. Para asistir a la jornada la inscripción es obligatoria y se puede formalizar a través de la Cámara de Comercio o llamando al teléfono 971 301 492.
En una nota de prensa, el presidente de este organismo cameral explica que el objetivo es «dar voz y defender los intereses de los negocios ubicados en zona de dominio público marítimo terrestre».
La Cámara recuerda que en 1988 se declaró «la titularidad pública de numerosos terrenos limítrofes con el litoral, estableciendo que los antiguos propietarios pasaran a ser titulares de concesiones que otorgaban el derecho de los usos y aprovechamientos existentes sin la obligación de abonar un canon».
Esta normativa se refiere a la primera Ley de Costas, que fue modificada en 2013 para introducir una cláusula especial referida a Formentera, que fue anulada por el Constitucional.
Según el presidente de la Cámara, «este derecho a la concesión venía a sustituir el justiprecio que el Estado estaba obligado a abonar a todo propietario que se ve privado del derecho de propiedad». Añade que «la Ley Costas establece que las concesiones tendrán una duración de 30 años y el derecho a obtener una prórroga de 45 años más para la mayoría de los casos [según la modificación de 2013] que debe solicitarse, como máximo, seis meses antes del vencimiento de los 30 años iniciales de concesión».
Para el presidente de la Cámara, el problema actual «radica en determinar desde qué momento se debe entender concedida la concesión por 30 años y proceder a solicitar la prórroga», sin olvidar que la Ley es «compleja, confusa y con una amplia casuística y en la mayoría de los casos debe entenderse que el plazo límite para pedir la prórroga termina este próximo 29 de julio», advirtió.
