La Fiscalía del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha dictaminado que no hay indicios de prevaricación e «interesa el sobreseimiento provisional de las actuaciones» en la causa interpuesta contra el presidente insular de Formentera, Jaume Ferrer, y varios consellers. Según explicó el Consell de Formentera mediante una nota de prensa, el escrito fue dictaminado en mayo de 2018 y notificado a la institución el pasado 21 de diciembre.

La empresa demandante, Sunway SL, que posee un establecimiento hotelero en Punta Prima, acusó del supuesto delito de prevaricación al presidente de Formentera, así como a los consellers Sonia Cardona, Bartomeu Escandell, Pep Mayans y Silvia Tur, que votaron a favor de las Normas Subsidiarias (NNSS) de 2010.

Sentencia favorable en 2014

La querella, que ya había sido juzgada por la vía contenciosa administrativa, fue impulsada por Sunway SL, cuyo representante de la entidad, Leo Stöber, consideró que las Normas Subsidiarias estaban mal hechas. La sentencia de la vía contencioso administrativa, emitida en el año 2014, fue favorable a la institución. En ella se indicaba que «las actuaciones de los políticos se habían basado en informes de peritos sobre la necesidad de mantener la calidad paisajística y natural de una zona de especial fragilidad, al estar incluida en el área periférica de protección del Parque Natural de ses Salines».

El conseller de Presidencia de Formentera, Bartomeu Escandell, celebró ayer el escrito de la Fiscalía, y destacó que «es coherente con la sentencia anterior, ya que difícilmente sería comprensible que hubiera prevaricación en unas Normas Subsidiarias que ya han sido juzgadas y definido como buenas».

Escandell también recordó que aunque las NNSS fueron aprobadas por Gent per Formentera y por el PSOE, los implicados durante años en la causa sólo han sido los consellers de uno de los grupos.

El conseller destacó la «tranquilidad» que proporciona al equipo de gobierno ver que las sentencias y escritos «aclaran» que la labor realizada por el Consistorio ha perseguido «siempre defender el interés general y la protección del territorio» de Formentera. «Hay que tener cautela porque aunque el escrito de la Fiscalía es favorable, la posición final del caso dependerá del juez», concluyó Escandell.