La Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas (Apeam) de Balears considera que el borrador del proyecto de Ordenación del Transporte Marítimo, que tramita el Govern balear y que está en periodo de exposición pública, vulnera en algunos de sus artículos las leyes de la libre competencia.
El delegado de la patronal, Rafael Cardona aseguró que el decreto está «incompleto» pero, al mismo tiempo, afirmó: «Lo respetamos y no estamos en contra». No obstante, indicó que les preocupa la forma en la que se va a llevar a la práctica la implantación de los servicios mínimos que fija la normativa, con los enlaces de primera y última hora del día, para garantizar la movilidad de los residentes en la isla de Formentera.
Cardona avanzó que los servicios jurídicos de Apeam están estudiando el texto. En una primera lectura, indicó que el principal problema está en que el decreto señala que las navieras que operan en la línea «deben coordinar horarios» para asegurar los enlaces mínimos (once en cada sentido, incluidos los de primera y última hora) a los que obliga la declaración de la línea de interés estratégico y público de la Ley de Transporte Marítimo de 2010.
Justamente esta obligación voluntaria de acuerdo entre empresas es para Apeam un contrasentido, ya que considera que va en contra de la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia que ya cargó, hace más de una década, contra las navieras pitiusas por ponerse de acuerdo en precios y frecuencias en la línea entre islas, con multas millonarias que tuvieron que pagar.
Frecuencias máximas y mínimas
Frecuencias máximas y mínimas
A las navieras les llama la atención que el decreto reconozca que la Administración no puede intervenir en tarifas pero en cambio sí pueda fijar frecuencias mínimas.
De hecho, una de las demandas del Consell de Formentera fue la de poner un límite a la frecuencias máximas (en verano se alcanzan los 196 enlaces), y no se ha recogido en el decreto «por vulneran las leyes de Competencia», desveló Cardona.
Para los operadores de la línea, este decreto es «un poco difuso» aunque admiten que recoge algunas de sus demandas, «como la autorización previa para operar» en la línea entre las islas. En cambio, entienden que otros artículos «van contra la ley».
Rafael Cardona insistió en que «las navieras no pueden acordar horarios, está prohibido». Por eso planteó la duda de que el decreto señale que la Administración podrá «compeler» (obligar a alguien a que haga lo que no quiere), a establecer frecuencias de forma voluntaria, teniendo en cuenta las leyes de la competencia, a pesar de la declaración de interés estratégico.
