La Autoridad Portuaria de Balears (APB) comunicó ayer a la empresa Solvalgaray Marítima su decisión de retirarle la concesión del edificio de aparcamientos del puerto de la Savina, en Formentera, pero la compañía asegura que litigará «hasta el final de los tiempos» para seguir con el proyecto.
La APB alega, según explica en un comunicado, que Solvalgaray Marítima incumple sus obligaciones e impide la función pública que tiene el edificio, pensado para albergar los vehículo de las empresas de alquiler del puerto y despejar así las calles de la Savina.
El pasado junio, recuerda la APB en su comunicado, y «ante el continuo incumplimiento de las obligaciones derivadas por parte de la concesionaria, la APB comunicó a Solvalgaray Marítima la apertura de un periodo de información previa por un posible incumplimiento de los términos de la concesión». «Tras recibir las alegaciones de la empresa concesionaria -añade la nota-, la APB emitió un informe en el que pone de manifiesto la negativa del concesionario a cumplir y proporcionar una solución a las empresas de alquiler de coches ubicadas en el puerto de la Savina para que estas puedan continuar con el desarrollo de su actividad dentro del edificio de aparcamientos», indica este organismo en un comunicado.
Además, la APB explica que el concesionario debe «asignar a las empresas de alquiler de coches que ya estaban operando en el puerto de la Savina los nuevos locales en preferencia respecto a nuevas peticiones». Y señala que «ha comunicado en reiteradas ocasiones al concesionario la obligatoriedad de cumplir los pliegos de cláusulas que rigen el contrato».
Pero el aparcamiento está cerrado desde que terminaron las obras porque Solvalgaray y los 'rent a car' de Formentera tienen abierta una guerra por el precio de los alquileres de esos aparcamientos. Hace sólo unos días, Solvalgaray acusaba a la APB de la «anarquía» de tráfico en los alrededores del puerto por mantener el edificio cerrado.
«El edificio (...) permanece cerrado al público desde la finalización de sus obras debido a que no ha sido aprobado el reglamento de explotación por parte de la APB, al considerar que Solvalgaray Marítima incumple el contrato de explotación», detalla la APB. «Solvalgaray Marítima -agrega- debe respetar como cuantías máximas de las tarifas las cuantías máximas que ofertó y por las cuales se le otorgó la concesión». «Las tarifas máximas que puede percibir el concesionario son públicas y conocidas», concluye la nota.
«Cualquier persona con dos dedos de frente puede pensar que un edficio que ha costado cuatro millones de euros no puede quedarse allí como una obra de arte», declaró ayer a este periódico Raimundo Clar, representante legal de la firma, al confirmar que al litigio «le quedan todavía muchos capítulos por contar». La APB ha dado 15 días a la empresa para recurrir.
Solvalgaray Marítima asegura que todos sus planteamientos se acogen a la legalidad y que para recuperar la inversión millonaria no puede asumir los precios «dignos» que piden las empresas de alquileres de automóviles. «Esperamos que la Autoridad Portuaria muestre cierto sentido común y reconduzca» la situació, sentenció Clar.
Pelea antigua
Pelea antigua
Solvalgaray aceptó en mayo los precios que le pedía la APB tras las acusaciones de la asociación de las empresas de alquiler de coches de «subastar» las plazas del aparcamiento. La concesionaria aseguró entonces que se había respetado el «derecho preferente» a ocupar un local a las empresas que ya gozan de él y acusó a la APB de llevar a cabo un «acoso administrativo improcedente».
La APB llevó esas declaraciones ante la Fiscalía balear, al considerarlas a su vez «intimidatorias», pero la causa quedó archivada en julio. Solvalgaray mantiene que con estas decisiones, la Administración pretende proteger a las compañías de 'rent a car'.
