Hace 30 años, el 29 de julio de 1988, entró en vigor la Ley de Costas. Esta norma cambió el proceso de urbanización de la costa española, especialmente en el Levante, Andalucía, Galicia y toda la costa cantábrica y vasca. En cambio, su aplicación para Formentera, la única isla balear que completó el deslinde de la zona marítimo terrestre de uso y dominio público en 1997, supuso un fuerte varapalo para muchos propietarios de establecimientos comerciales (restaurantes, bares, apartamentos y hoteles) situados en la zona de influencia y que perdían la titularidad de sus bienes a favor del Estado.
A cambio, esa Ley establecía que en concepto de «concesión compensatoria», los titulares podían disfrutar de su propio patrimonio durante 30 años más otros 30 de prórroga.
Pasados los primeros 30 años, el Estado no ha actuado de oficio, tal y como establece la Ley de Costas de 1988, comunicando las correspondientes concesiones a los titulares. En el caso de Formentera afecta a 110 establecimientos, pero tampoco los interesados han solicitado la concesión a la que tienen derecho.
Esta situación deja en un limbo jurídico a esos establecimientos, pero lo más grave es que todos los consultados coinciden en expresar que se sienten ante un caso de «inseguridad jurídica» que en ocasiones les limita su capacidad financiera.
Recientemente, los representantes de los afectados y varios juristas, entre ellos el notario de Formentera, Javier González Granados, se reunieron para analizar la situación en la que se encuentran hoy esos bienes. Nadie sabe contestar a esa pregunta.
El notario explicó que la Ley de Costas de 1988 establece que, desde su entrada en vigor, «los propietarios tienen un año para solicitar la concesión». El jurista explica que esa concesión era «sin canon, porque se entendía que era la indemnización por la expropiación, eso es lo que resolvió el Constitucional: yo te quito tu propiedad y en vez de pagarte con dinero, te doy una concesión a 30 años prorrogables otros 30».
Los propietarios que no solicitaron la concesión entonces tienen cuatro opciones para interpretar su situación por el silencio del Gobierno. Y ni los juristas acaban de ponerse de acuerdo sobre cuál es la buena. Que el plazo de 30 años empieza cuando se obtiene la concesión. Otro, que la concesión de esas tres décadas se inció a la entrada en vigor de la Ley de Costas del 88, y la tercera es que empezó a contar al año siguiente a la aprobación de la Ley. Finalmente, que la concesión de 30 años se inició con la aprobación del deslinde de 1997. También cabe la posibilidad de que el Estado considere que la propia Ley de 1988 ya fija la concesión compensatoria de oficio.
El reglamento de 2014
La jurisprudencia ha manejado en distintas resoluciones esas cuatro posibilidades, comenta el notario. Pero la normativa más reciente al respecto, el reglamento de Costas de 2014, «establece directamente que el plazo cuenta desde el 29 de julio de 1988, con lo cual ahora finalizaría el primer plazo de la concesión», asegura Javier González.
Ese reglamento sale de la Ley de Costas de 2013, anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional en lo que respecta a Formentera por considerar esa norma que era un territorio con características geomorfológicas diferentes. En base a ese concepto se introdujo una cláusula transitoria que representaba una excepción respecto al resto del territorio nacional y que fue anulada por el Constitucional.
Esa Ley de 2013 fija que la concesión, en vez de ser de 30 más 30 años, será de 75 años. Según Javier González, esto quiere decir que «los propietarios iniciales tendrían derecho a una concesión de 30 años, más otros 30, sin pagar nada y luego una concesión de 75 años pagando canon» al Estado.
El notario opina que el riesgo al que se enfrentan los propietariosque no hayan solicitado la concesión es que un tercero la solicite. Aunque esta posibilidad parece bastante remota, en teoría podría darse, apunta González.
Afectados
La portavoz de la plataforma Salvem Formentera, María José Mayans, que agrupa a los afectados, avanzó que sólo conoce dos casos de propietarios que hayan solicitado la concesión y sólo a uno de ellos se le ha concedido. Para la presidenta de este colectivo, que lleva décadas defendiendo los intereses de los propietarios, la actual situación «es de total inseguridad jurídica, como siempre lo ha sido, ya estamos acostumbrados». Apuntó que quitando a esos dos dueños, «el resto estamos en el limbo».
Mayans añadió que han indagado ante la Demarcación de Costas y con sus abogados sobre la posibilidad de que un tercero, particular o empresa, opte a esas concesiones, y les han contestado que «teóricamente no lo pueden hacer porque somos los primeros a los que nos tienen que dar la concesión».
A la pregunta sobre si siguen siendo los propietarios de sus inmuebles, manifestó: «Sí, pero no tenemos la concesión y el Estado dice que es suyo, pero está a nuestro nombre y seguimos pagando los impuestos. La realidad es que no sabemos dónde estamos», lamentó Mayans.
