El juzgado de lo Contencioso número dos del TSJB ha emitido una sentencia que condena al Consell de Formentera a reconocer la contratación de un bombero desde el 7 de enero de 2013 hasta 2016. El fallo estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la institución insular contra una resolución anterior que además le obligaba indemnizar al demandante con 80.000 euros, y reduce la cantidad a la mitad. El TSJB señala que la estimación del recurso será «parcial y no íntegra o sustancial».
El demandante se presentó al proceso selectivo convocado por el Consell, a finales de 2012, para conformar un bolsín de ocho personas de bombero voluntario destinado a cubrir cinco puestos para este servicio. En la selección quedó el séptimo, sin embargo los dos aspirantes anteriores no cumplían los requisitos. El Consell ignoró esta circunstancia lo que provocó el recurso en primera instancia y ahora su ratificación parcial por parte del TSJB, que salvo en el caso de la indemnización ratifica todos los extremos de la sentencia dictada en marzo de este año, por el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma.
Por lo tanto, la institución está obligada a reconocer al demandante en «la situación de contratación como bombero colaborador del Consell de Formentera desde el 7 de enero de 2013, lo será en el nivel raso».
La sentencia añade que la cantidad a abonar será «la correspondiente a los emolumentos que perciba un bombero colaborador nivel raso contratado, a tiempo parcial del 50%, durante el periodo que media del 7 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y a tiempo completo durante el periodo de 1 de enero al 6 de marzo de 2016».
A la cantidad obtenida, unos 40.000 euros según la abogada del demandante, Patricia de las Heras, se le debe añadir los intereses correspondientes desde la fecha de esta sentencia.
En cambio, las restantes pretensiones del recurso de apelación del Consell son desestimadas y el TSJB ratifica la sentencia en primera instancia, que entiende que el proceso selectivo que realizó el Consell fue «irregular», según la letrada. Patricia de la Heras explica que la Fiscalía «ha abierto autos y está practicando pruebas por un presunto delito de prevaricación administrativa».
Fiscalía
El motivo es que en la sentencia de primera instancia del 20 de marzo, el magistrado del Juzgado de los Contencioso número 2 de Palma acordó remitir a la Fiscalía un procedimiento sobre la contratación de bomberos voluntarios por parte del Consell de Formentera por si este hubiera cometido «hechos delictivos».
Éstos estarían relacionados con «la admisión de aspirantes y posterior contratación careciendo de requisitos para ello» y «la paralización injustificada de un nombramiento durante más de un año» para poder asignarlo a uno de los candidatos que, por edad, no se podía incorporar antes.
Esa sentencia queda ratificada al igual que los argumentos que expone el magistrado, para quién lo sucedido supone «una dilación indebida e injustificada en el procedimiento» que la defensa del demandante relaciona con que «las cinco plazas convocadas lo fueron para determinadas personas» que eran «empleados o estaban íntimamente relacionados con el Consell».
