El portavoz del Govern balear, Marc Pons, acusó ayer al Gobierno central de haber creado «inseguridad jurídica aprobando leyes que sabía que no se ajustaban al marco constitucional», en referencia a la anulación este jueves de la disposición adicional cuarta sobre el deslinde en la isla de Formentera que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Pons recordó que «ya se había anunciado que esta ley tenía puntos verdaderamente flojos», algo que el Constitucional «ha acabado poniendo de manifiesto». El portavoz apostó por el «trabajo conjunto» con el Consell de Formentera para plantearse un análisis de la situación y conocer las consecuencias de la sentencia, aunque «la última palabra la tiene el Gobierno del Estado». Por ello, pidió que las decisiones que tomen desde Madrid «las hagan escuchando a los ciudadanos de Balears y a los de Formentera» especialmente, ya que en caso contrario, ocurren «problemas como el que tenemos ahora», concluyó.
