Los partidos que integran el Consell de Formentera están divididos ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la Ley de Costas que anula la disposición sobre el carácter excepcional de Formentera y que abría la puerta a un nuevo deslinde de la zona marítimo terrestre. El presidente del Consell, Jaume Ferrer, convocó ayer al mediodía de manera urgente y extraordinaria a la Junta de portavoces del Consell de Formentera para analizar la sentencia y emitir una declaración conjunta, sin embargo no fue posible por el desmarque el PP local, que no estaba de acuerdo con las críticas del texto hacia la actuación del Gobierno central. No obstante, todos los partidos manifiestan su compromiso de «seguir trabajando» para que los afectados recuperen sus propiedades intervenidas por el Estado.
La portavoz adjunta de los populares, Gabriela Mayans, explicó su desacuerdo con el punto tercero de la declaración, que culpa «al Gobierno central por no hacer un buen trabajo en este aspecto»: «Nosotros pensamos que sí lo ha hecho bien», afirmó. No obstante, Mayans reconoció que el carácter singular que otorga la disposición anulada por el TC «quizá no haya estado bien argumentado por la Abogacía del Estado».
Otro de los detalles de división entre el PP y el resto de los grupos políticos que sí están de acuerdo con la declaración (GxF, PSOE y Compromís) está en la afirmación del Consell sobre que «el Estado nunca ha tenido en cuenta a la institución insular para acordar una solución» sobre el cuestionado deslinde, por el que más de un centenar de propietarios pierden sus propiedades y pasan a ser concesionarios del Estado por un periodo que ahora la nueva Ley de Costas establece en 75 años (antes era de 60 años).
A juicio de la portavoz del PP «esto son aspectos distintos ya que se debate una ley nacional y [el Gobierno] no tiene por qué preguntar a un ayuntamiento, cada Administración debe hacer su trabajo», subrayó.
A la Junta asistieron además, la consellera de Territorio, Alejandra Ferrer; Susana Labrador como portavoz de GxF; Gabriela Mayans, del PP; Rafael Ramírez, del PSOE, y Cristina Costa, de Compromís.
En la reunión el secretario y jefe de servicios de la institución, Ángel Navarro, analizó la sentencia del TC sobre la Ley 2/2013, de Costas, y en concreto la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1.2 y 4 de la disposición adicional cuarta de la mencionada ley, relativa al deslinde.
Ferrer no admite preguntas
Al concluir, el presidente compareció ante los medios de comunicación y no permitió a los periodistas formular preguntas, una decisión insólita en las Pitiusas y en la institución; es la primera vez que Ferrer impide las preguntas en una comparecencia informativa. «Aunque hemos intentado llegar a un acuerdo para hacer una declaración institucional conjunta, no ha sido posible porque el grupo popular no ha estado de acuerdo con lo que el resto de grupos municipales hemos planteado», zanjó Ferrer.
«Aceptamos y acatamos la sentencia del Tribunal Constitucional», agregó el presidente, que destacó que «el vocabulario y la contundencia de la sentencia evidencia que los trabajos para modificar el antiguo deslinde se han hecho mal y no han sido suficientemente justificados por parte de la Abogacía del Estado ». Además, Ferrer lamentó la mala práctica del Gobierno central, que no contó con el Consell para redactar la nueva delimitación del uso y dominio público litoral: «Una queja que desde hace cuatro años hemos trasladado al PP de Formentera».
Ferrer también lamentó la situación en que la quedan ahora los propietarios afectados, como principales perjudicados, «que desde hace años luchan para recuperar sus propiedades». Ferrer dijo ser «consciente de que se sigue produciendo una situación injusta con ellos», y aseguró que tanto él como el equipo de gobierno seguirán defendiendo a «los afectados y trabajando para que puedan recuperar sus propiedades». «Seguiremos trabajando y buscando el consenso», concluyó.
