Las comunidades recibirán un 7,7% más de financiación este año hasta alcanzar un récord de 170.300 millones

Las comunidades autónomas recibirán este año 170.300 millones de euros a través del sistema de financiación, la cifra más alta de la historia, según ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un real decreto ley que actualiza las entregas a cuenta de 2026 y habilita nuevas inversiones para las entidades locales con superávit. El importe total que percibirán las autonomías incluye 157.731 millones de euros en entregas a cuenta, un 7% más que el año anterior, lo que supone 10.319 millones adicionales. Incluyendo la liquidación de 2024, la financiación de las comunidades autónomas llegará este año a los 170.300 millones, un 7,7% más que el año anterior.

España ha destacado que el volumen de financiación autonómica supera en un 64% el registrado en 2018, sumando entregas a cuenta y liquidación. El ministro ha vinculado este incremento a la evolución de los ingresos públicos y a la mejora de la actividad económica y del empleo, que permiten elevar los recursos disponibles para las administraciones territoriales.

El real decreto ley aprobado por el Gobierno llega después de dos intentos anteriores, en diciembre y febrero, que no fueron convalidados en el Congreso de los Diputados. Hacienda volverá a someter ahora la medida a la Cámara Baja, con el argumento de que la actualización de las entregas a cuenta ha sido reclamada por comunidades autónomas y entidades locales para garantizar su planificación financiera. España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha pedido el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

El Ministerio sostiene que estos recursos permiten reforzar la prestación de servicios públicos fundamentales, especialmente en ámbitos de competencia autonómica como la sanidad, la educación y los servicios sociales. España ha señalado que el Gobierno central pone a disposición de las comunidades “los mayores recursos de la historia” y ha pedido que se destinen a las prioridades de los ciudadanos.

Los ayuntamientos podrán invertir en vivienda

El decreto también actualiza la financiación de las entidades locales. Los ayuntamientos recibirán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. En comparación con 2018, el incremento acumulado asciende al 67,5%, según las cifras expuestas por Hacienda. Sumando la liquidación, el volumen de fondos se eleva hasta los 30.073 millones.

Además de la actualización de recursos, la norma permite a las entidades locales con superávit presupuestario en 2025 utilizar parte de esos fondos en inversiones financieramente sostenibles sin que computen a efectos de la regla de gasto. Hacienda calcula que esta medida podrá beneficiar a más de 2.540 entidades locales y movilizar 3.168 millones de euros adicionales, cuyo plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

Las inversiones podrán destinarse a actuaciones en ámbitos como alcantarillado, energía, industria, comercio, protección civil, infraestructuras y otros proyectos municipales. Una de las principales novedades afecta a la vivienda: por primera vez, los ayuntamientos podrán dedicar el superávit de 2025 a políticas de vivienda no solo durante ese ejercicio, sino también en los cuatro años siguientes. De esta forma, un ayuntamiento que haya registrado superávit en 2025 podrá utilizar ese saldo para financiar un proyecto que se inicie este año y cuya ejecución se extienda hasta 2030.

El objetivo, según Hacienda, es dar mayor estabilidad a la planificación municipal en materia de vivienda y permitir que las entidades locales utilicen sus remanentes con una perspectiva plurianual. El Gobierno también habilita una mayor flexibilidad para extender el uso del remanente de 2025 en otras inversiones sostenibles.

El real decreto ley incluye asimismo otras medidas de flexibilidad financiera para los ayuntamientos. Las entidades locales saneadas no estarán obligadas a presentar planes económico-financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales se debe al uso de remanentes de tesorería para gastos generales, siempre que acrediten el cumplimiento del periodo medio de pago.

Por último, la norma contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto sobre Actividades Económicas de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias del Tribunal Supremo.

Suscríbete para seguir leyendo