El Gobierno destina 2.700 millones para modernizar regadíos en España, pero la desconfianza del agricultor frena muchos proyectos

Las sequías de 2023 y de 2024 pusieron en evidencia (más que nunca) que la necesidad de disponer de agua de riego es ya una cuestión estructural. Por eso, en un escenario marcado por la inestabilidad geopolítica y por la fragilidad de las cadenas de suministro, la gestión del agua no es solo una respuesta a la escasez crónica de este recurso en España. Es una decisión que debe blindar la soberanía alimentaria frente a un cambio climático extremo. Y aun así, la inversión de 2.700 millones de euros prevista por el Gobierno hasta el año próximo para modernizar 750.000 hectáreas de tierras choca con el escepticismo y, a veces, con una auténtica resistencia por parte de los teóricos beneficiarios de ese importe millonario: los agricultores y los ganaderos.

Es una de las conclusiones del estudio que este martes han presentado las investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Paloma Yáñez y Lucía Argüelles, que han constatado que el recelo del sector representa, en realidad, una "crítica informada" basada en la experiencia empírica y en la desconexión entre el diseño de las herramientas y las necesidades reales. Por una parte, señalan Yáñez y Argüelles, existe la percepción de que algunos proyectos "no captan la volatilidad de un clima cambiante", que en unos años podría suponer una reducción de hasta el 40% en la disponibilidad de recursos hídricos, según las estimaciones del plan de modernización del Gobierno.

Los agricultores "dudan de la agilidad de una inteligencia artificial entrenada con patrones del pasado", indican. Por la otra, los regantes perciben que los 2.700 millones de inversión y el marco regulatorio "podrían beneficiar más a las grandes corporaciones tecnológicas y agroindustriales" que a la supervivencia de la agricultura familiar.

"No es que no queramos modernizar, el problema es que sin ayudas más directas, de la administración autonómica, por ejemplo, muchos productores no pueden asumirlo", ha proclamado Amadeu Ros, presidente de la comunidad de regantes del Canal de Urgell, en una comparecencia que ha tenido lugar este martes en la Comisión de Agricultura del Parlament de Catalunya. El sistema de regadío al que Ros representa suministra agua a 75.000 hectáreas de terrenos y abastece a 120 municipios y 380 industrias, además de a 2.400 explotaciones ganaderas del sur de la provincia de Lleida. Es un canal que se inauguró hace 160 años y que requiere de una modernización urgente, sobre todo después de que hace tres años se tuvieran que suspender los turnos de riego porque la ausencia de lluvias les había dejado sin reservas de agua.

El problema, ha admitido el presidente de los regantes, "es que después de 15 años de trabajos previos, con estudios de viabilidad, informes ejecutivos y declaraciones de impacto ambiental", ahora el proyecto, presupuestado en 900 millones de euros, "no tira adelante porque los usuarios no se suman a él". "Por cada hectárea que se modernice, el propietario tendrá que pagar 2.300 euros y eso, con el envejecimiento que padece el sector es una inversión para muchos inasumible", ha indicado Ros. A ello hay que añadir el hecho de quienes tengan que realizar concentraciones parcelarias (para nivelar los terrenos y optimizar las instalaciones de riego), "podrían quedarse sin producir durante tres o cuatro años".

No solo el agua

Las autoras del estudio de la UOC consideran que en demasiadas ocasiones a los agricultores se les ha mantenido al margen del diseño de los proyectos, a los que, según afirman, podrían hacer aportaciones valiosas, como ayudar a adaptar la tecnología a las condiciones del trabajo de campo real.

Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, la piedra angular de esta transformación, más allá de las inversiones en la mejora de las infraestructuras hidráulicas actuales, es el avance en las nuevas técnicas genómicas (NTG). El ministro, que el pasado 14 de abril inauguró el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, aseguró que esta alternativa puede llegar a convertirse en la "gran revolución tecnológica" que permitirá desarrollar semillas resistentes al estrés hídrico y a las altas temperaturas. Bajo esta visión, dijo el ministro, el regante debe dejar de ser un "usuario" para erigirse en "un gestor responsable y digitalizado, capaz de operar en un sistema de alta resiliencia".

Así, mientras Planas defendió el regadío modernizado como la "joya de la corona" centrada en la eficiencia operativa, las investigadoras advierten de que la digitalización solo será sostenible si es inclusiva. El gran reto de los próximos años será alinear los 2.700 millones de euros de inversión para que no solo financien 'hardware' y 'software', sino que fortalezcan sistemas agroecológicos y la biodiversidad, asegurando que la tecnología potencie -y no sustituya- el capital humano y el conocimiento tradicional del campo español.

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