El 92% de los proyectos evaluados para el Inaga por la consultora de un miembro del PSOE eran de Forestalia

La práctica totalidad de los expedientes tramitados para el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) por Natural Resources Research and Development, la consultora medioambiental del ingeniero de minas Alfonso Martínez, afiliado y miembro del comité regional del PSOE Aragón que aparece mencionado en los audios del caso Koldo, estaban relacionados con Forestalia. En total, la empresa participó en la evaluación de 25 proyectos renovables de los que 23 correspondían a la compañía que está ahora bajo investigación judicial.

La mayoría de estos dosieres fueron además tramitados internamente por Andrés Medina, secretario general del organismo durante la etapa de Jesús Lobera y considerado su mano derecha, además de compartir militancia socialista. Tanto el papel de estas consultoras externas como la actuación de Lobera y Medina han sido cuestionada por la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil en el marco del caso Forestalia, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de energías renovables impulsados por la compañía de Fernando Samper.

Según los datos facilitados por el Inaga a la comisión de investigación celebrada en las Cortes de Aragón en 2024, Natural Resources se encargó de emitir informes de hasta 25 proyectos de energías renovables distintos. 23 de los que cayeron en el despacho de la empresa de Martínez tenían relación empresarial con Samper o con Fernando Sol SL o Nearco Renovables, dos de las empresas desde las que el empresario aragonés ejercía el papel de administrador o apoderado dentro del enorme entramado empresarial que lo rodea. Todo ello según lo registrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

De los 25 proyectos analizados por Natural Resources, tan solo uno no logró la resolución "estimatoria" o "estimatoria condicionada", es decir, la luz verde. Ese proyecto se consideró "archivado por no procedencia". Y 22 pasaron por las manos de Medina, que actuó como secretario general (número 2) del organismo ambiental y fue persona de confianza de Jesús Lobera. Los otros dos proyectos fueron tramitados por Antonio Campillo, funcionario interino también vinculado al PSOE -concejal en La Almunia de la Doña Godina entre 2015 y 2019-.

En cualquier caso, cabe precisar que los expedientes elaborados por consultoras externas no eran validados en sentido técnico por los funcionarios del Inaga que figuraban en su tramitación, cuya intervención se limitaba fundamentalmente al impulso y curso administrativo de los procedimientos, sin que ello implicara necesariamente funciones de evaluación técnica ni capacidad de decisión sobre el fondo de los proyectos.

Medina admitió en las Cortes que pasaba directamente a Lobera los trámites para que los validase y ambos han sido señalados por funcionarios del Inaga, en declaraciones a la Guardia Civil durante la investigación, por su "bajo nivel técnico" para calificar proyectos de energía eólica o fotovoltaica. Las investigaciones concluyen que el director del Inaga "reorganizó" la cúpula del organismo, con nuevos nombres y nuevas competencias entre sus trabajadores, para "neutralizar el criterio técnico". Durante un tiempo, Medina fue el "único responsable" de todas las solicitudes de nuevas iniciativas renovables en Aragón.

Lobera y Medina, ambos veterinarios de formación y militantes del PSOE, estuvieron al frente del Inaga en el momento de mayor expansión de las energías renovables en la comunidad. El primero, director del instituto ambiental entre 2016 y 2023, con la salida de Javier Lambán de la presidencia del Gobierno de Aragón, fue señalado por la Guardia Civil como "la figura central" para ejercer "presión" y facilitar la expansión de Forestalia en la comunidad. El propio Lobera negó en su comparecencia en las Cortes, presentada por escrito, haber presionado a los trabajadores del instituto ambiental. Otros testimonios, recogidos por la UCOMA, defienden que Lobera presumía de sus reuniones con la cúpula de Forestalia, como Fernando Samper o Carlos Ontañón, el primer director del Inaga y ahora director de Transición y Medio Ambiente dentro de la gran empresa aragonesa de energías renovables.

De los 25 proyectos analizados por Natural Resources, al menos 18 han pasado posteriormente a estar vinculados al fondo de inversión en energías renovables Bruc, fundado por Juan Béjar, que alcanzó un acuerdo en 2021 con Forestalia para la adquisición y desarrollo de parte de su cartera de proyectos. En la actualidad, este fondo figura como apoderado o administrador en varias de las sociedades instrumentales creadas para impulsar estas iniciativas. Solo dos de los 25 expedientes quedan fuera de la órbita de Fernando Samper y su maraña empresarial.

Contratos con el Inaga

La consultora Natural Resources Research and Development, vinculada al ingeniero de minas y militante socialista Alfonso Martínez, obtuvo al menos dos contratos menores del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante la etapa en la que el organismo reforzó su capacidad técnica mediante apoyo externo para tramitar expedientes ambientales, según las resoluciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El primero se adjudicó en marzo de 2022 y tenía por objeto el servicio de apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes de evaluación ambiental de actuaciones agronómicas, mineras y otras en Aragón, con una oferta de 8.510 euros sin impuestos (10.297 euros con IVA) tras concurrir cuatro empresas.

Un año después, el 9 de agosto de 2023, el Inaga volvió a adjudicar a la misma consultora un segundo contrato menor para tareas similares, ampliado esta vez al ámbito de evaluación ambiental, biodiversidad y medio natural. En este caso la empresa presentó la oferta más baja entre las dos recibidas y obtuvo el contrato por 9.905 euros sin impuestos (11.985 euros con IVA), con un periodo de ejecución entre julio y diciembre de ese año. Ambos contratos se tramitaron siendo Jesús Lobera el máximo responsable del organismo ambiental.

En cualquier caso, la presencia de Natural Resources en varios expedientes relevantes y la aparición del nombre de su propietario en diferentes investigaciones no ha implicado hasta ahora ninguna acusación ni imputación judicial.

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