APROBADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno saca a concurso el contrato millonario para gestionar las 40.000 casas que recibirá de Sareb
Los adjudicatarios deberán haber gestionado alquileres asequibles o sociales al menos durante un año en los últimos tres

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su participación en el Foro Europeo de Vivienda / EDU BOTELLA (EP)
El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este martes al contrato de Sepes, el nuevo casero estatal, para la gestión y el mantenimiento de las 40.000 viviendas que espera recibirá de Sareb la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en los próximos meses, que cuenta con un presupuesto base de 55,39 millones de euros. La licitación incluye cláusulas 'antifondos', de forma que los futuros adjudicatarios serán compañías con experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social —priorizando a entidades del tercer sector—, no grandes vehículos de inversión
Según han avanzado fuentes próximas a la cartera liderada por la socialista Isabel Rodríguez a EL PERIÓDICO, los adjudicatarios de este contrato "se encargarán de gestionar los diferentes lotes de viviendas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible". Adicionalmente, la licitación incluirá "numerosos requisitos para garantizar la excelencia y la sensibilidad social en la prestación del servicio, como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social".
Este contrato es independiente de los acuerdos que alcance el Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas, como ha ocurrido en el caso de Cataluña. Salvador Illa y Rodríguez firmaron un protocolo en octubre para "ceder a la Generalitat la gestión en usufructo de las viviendas destinadas al alquiler asequible e incorporar suelos a la Reserva Pública de Solares de Catalunya desde la Entidad Estatal de Vivienda, que aún opera bajo la denominación de Sepes hasta su transformación jurídica definitiva", explicaron entonces los protagonistas.
Cláusulas 'antifondos'
La licitación incluirá lo que se podría calificar como cláusulas para evitar que compañías participadas por grandes fondos de inversión puedan resultar adjudicatarias, como por ejemplo Azzam, controlada por la Azora, Aliseda/Anticipa, de Blackstone, o Servihabitat, de Lone Star. Precisamente, esta última es la contratista de Sareb para todo lo relacionado con alquileres sociales, habiendo regularizado ya la situación de 9.000 familias desde 2022. Para ello, Sepes ponderará la atención de "la gestión de la vivienda asequible desde el compromiso social, no solo atendiendo a criterios económicos", incluyendo servicios como la prevención, detección y atención temprana de situaciones de riesgo de pérdida del inmueble.
Según las mismas fuentes, el contrato tendrá en cuenta "la solvencia técnica y de experiencia acreditada en la gestión de viviendas adscritas a programas específicos de alquiler asequible o social". Al menos, las empresas adjudicatarias deberán demostrar un año de experiencia en esta materia durante los últimos tres. Entre las posibles candidatas a llevarse el gato al agua en este proceso destacan entidades del tercer sector como Provivienda, Hàbitat3, Hogar Sí o Lumvra. Muchas de ellas son asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro.
Por otro lado, desde Sepes se ha diseñado un sistema de penalizaciones y bonificaciones para maximizar la calidad del servicio prestado a los inquilinos con penalizaciones si se incumplan los plazos definidos para la ejecución de los trabajos, como la resolución de incidencias en las viviendas Por contra, también se bonificará un buen servicio a través de una encuesta anual de satisfacción a los arrendatarios.
Sareb traspasará hasta 40.000 viviendas a Sepes
Esta licitación se enmarca dentro del proceso iniciado por el Gobierno de traspasar a Sepes hasta 40.000 viviendas en manos hasta ahora de Sareb, el 'banco malo' que se adjudicó los activos tóxicos principalmente de las cajas de ahorros tras la burbuja. El cambio de titularidad de los inmuebles se realizará a través de una donación gratuita a Patrimonio del Estado, que será el que se los entregue al nuevo casero estatal creado por el Ejecutivo. El paso de los inmuebles será a cuentagotas y deberá empezar en los próximos meses, una vez la empresa participada al 51% por el Frob vaya acondicionando y realizando las reformas oportunas en los activos para que una vez se entreguen puedan ser ocupados por los inquilinos en un breve plazo de tiempo.
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