Fedea defiende retrasar tres años el cierre de Almaraz para evitar la subida del precio de la luz

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) defiende retrasar el cierre del parque nuclear español, con el aplazamiento, al menos, de la primera de las centrales que tienen previsto su cierre, la planta de Almaraz (Cáceres), cuya fecha de clausura de sus dos reactores está prevista para 2027 y 2028. Así lo ha explicado el investigador Diego Rodríguez, autor de un documento sobre el estado actual de la descarbonización en España, a partir del análisis de la evaluación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que sostiene que la extensión de Almaraz atiende al "interés general" que supondría evitar la subida del precio de la luz y un menor descenso de las emisiones de efecto invernadero.

El calendario de cierre nuclear, acordado entre las empresas propietarias y Enresa en 2019, prevé la clausura escalonada de todas las centrales de esta tecnología entre 2027 y 2035, siendo los dos reactores de Almaraz los primeros (2027 y 2028), seguidos de Ascó y Cofrentes en 2030 y Trillo y Vandellós en 2035.

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Fedea defiende que en la actualidad "hay circunstancias distintas" respecto a aquellas existentes en 2019, como la falta de almacenamiento, que llevaría a incrementar el uso de los ciclos combinados (centrales que queman gas para producir electricidad). "Creemos que las circunstancias actuales lo justifican por interés general porque permiten reducir necesidades que surgirían por la menor producción nuclear, como sería un mayor uso de ciclos combinados, lo que implicaría mayores precios de la electricidad y un menor recorte de las emisiones", ha insistido Rodríguez.

Según el investigador, ejecutar esa prórroga sería "relativamente sencillo" puesto que solo se necesitaría modificar una orden ministerial a través de otra orden ministerial, y que así lo acordaran las propietarias de la central, que en este caso son Iberdrola, con una participación del 52,6%, Endesa, con el 36%, y Naturgy, con el 11,2%. Además, y aunque propone redefinir la fiscalidad a la que está sometida esta tecnología, afirma que la "famosa" tasa Enresa --tarifa fija para financiar la gestión de los residuos radioactivos y el desmantelamiento de las construcciones tras finalizar su vida útil-- disminuiría con una extensión de vida de las centrales al producir electricidad durante más años, ya que esta tasa se calcula en función de los megavatio-hora (MW) que produce cada una de las centrales.

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El debate sobre el calendario de clausura de estas centrales ha estado latente desde que se decidió, pero en los últimos meses se ha acrecentado por la cercanía del primer cierre (2027), así como por el apagón de electricidad en la Península Ibérica del 28 de abril. Fedea recoge en su análisis el ejemplo de Bélgica, donde en febrero de este año la Comisión Europea aprobó un nuevo esquema de ayudas para dar continuidad a los dos reactores restantes del parque nuclear belga, lo que indica que "la decisión pública para la extensión de la vida del parque nuclear pasa por asegurar las condiciones regulatorias, tanto económicas como de estabilidad y protección legal, que den seguridad para acometer las inversiones adicionales que serían requeridas por el regulador de seguridad nuclear".

El cierre de cualquier planta eléctrica está sujeto a un proceso previo de autorización administrativa que incluye un informe del operador del sistema (Red Eléctrica) en el que deberá explicar si este resulta posible sin poner en riesgo la seguridad de suministro, tal y como recoge el informe de Fedea.

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Cumplimiento del PNIEC

En su análisis sobre el cumplimiento de la hoja climática del Gobierno, el citado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Fedea considera que aunque España evoluciona "razonablemente bien" hacia su objetivo principal de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 32% en 2030 respecto a 1990, se requiere un mayor impulso del sector transporte, así como de la edificación, mientras que el sector eléctrico y la industria han sido los principales impulsores de ese descenso hasta ahora. Entre las conclusiones, esta institución considera que es "imposible" alcanzar la meta de 5,5 millones de coches eléctricos en 2030 y afirma que en el futuro será necesario prohibir la conexión a la red de gas en nuevas edificaciones si se quiere reducir las emisiones de los edificios.

En el caso del sector eléctrico, el objetivo de alcanzar un 81% de generación renovable es "posible", después de que en la actualidad se sitúe en el 56,8%, pero con matices. Y es que esa meta se podría alcanzar si se mantiene el ritmo de entrada de nueva capacidad fotovoltaica de los últimos años, hasta llegar a los 76 gigavatios (GW) previstos en el PNIEC, aunque habrá que resolver la incertidumbre de su bajo precio (el precio en 2024 en las horas del día en las que realmente produce la energía fotovoltaica fue de 45 euros por MWh, frente a la media de 63 euros del mercado); mientras los objetivos de instalación de capacidad eólica (62 GW) se consideran "inalcanzables a día de hoy" y "sería mucho más optimista" fijar como meta la cifra de 45 GW.

Tampoco se alcanzarán los objetivos de eólica marina (3GW), la única tecnología sobre la que debería haber subastas, según Fedea, ni de almacenamiento (22,5 GW) -el bombeo pasará de 5GW actuales a entre 8 y 9 al final de la década, según sus previsiones, mientras las baterías vivirán "cierto boom al final de la década, pero no antes". En el caso del hidrógeno, el análisis afirma que los 12 GW previstos por el Gobierno son una "apuesta muy fuerte que es de imposible cumplimiento, en línea con la imposibilidad de cumplimiento de los objetivos europeos". Y el incumplimiento de estos objetivos afecta, sobre todo, a la demanda eléctrica, que debería aumentar un 45%, pero que apenas crecerá por encima del 2% anual en el mejor de los escenarios.