Junts mantiene el rechazo a perpetuar el impuesto a las energéticas y exige cambios en el de la banca

El grupo parlamentario de Junts se lo está poniendo cada vez más difícil al Gobierno, en el propósito del Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez de convertir en impuestos permanentes los actuales gravámenes transitorios sobre banca y energéticas que, de otro modo, caducan el próximo 31 de diciembre.

Según fuentes de la formación independentista, Junts se mantiene firme en su rechazo a dar continuidad al gravamen sobre el sector energético. Sobre todo, después de las amenazas lanzadas por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, de trasladar a Portugal inversiones inicialmente previstas en Tarragona si se adopta el impuesto permanente sobre el sector.

En el caso del gravamen sobre el sector financiero, la posición de Junts es distinta: se abre a apoyar su continuidad, siempre que se introduzcan condiciones que no penalicen a las entidades menos internacionalizadas, según las fuentes consultadas en la formación política. Esta misma semana, la patronal catalana Foment del Treball ha advertido de que prorrogar el impuesto a la banca pondría en peligro la Obra Social de La Caixa.

Negociación contra reloj

El firme rechazo de la formación de Puigdemont a convertir en permanentes uno de los dos gravámenes dificulta en extremo el propósito del Gobierno coalición entre PSOE y Sumar de perpetuar esas figuras que en 2024 han reportado 2.859 millones a las arcas públicas.

El objetivo del Gobierno es, aprovechar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley para imposición mínima global del 15% a las multinacionales, para presentar este mismo miércoles en el Registro del Congreso de los Diputados un paquete de enmiendas fiscales al texto que, entre otras cuestiones, incluya la regulación de los nuevos impuestos permanentes.

Este miércoles, a las 18:00 horas acaba el plazo de presentación de enmiendas al citado proyecto de ley y el Gobierno negocia contra reloj con los grupos parlamentarios que permitieron la investidura de Sánchez. Fuentes del Ejecutivo apuntan que solo se presentará este paquete de enmiendas si el Gobierno tiene una mínima garantía de que podrá contar con los votos necesarios para sacarlo adelante (desde Podemos hasta Junts, pasando por ERC y PNV, entre otros grupos). La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya admitió la semana pasada que los nuevos tributos estaban en el aire por el difícil apoyo parlamentario.

Si antes de que este miércoles acabe el plazo de enmiendas no se ha logrado un acuerdo con Junts que también satisfaga a Sumar y a las formaciones de izquierda que dan sorporte parlamentario al Gobierno (Podemos, ERC y EH Bildu), el Ejecutivo podría renunciar a la presentación del bloque de enmiendas fiscales al proyecto de ley para una imposición mínima del 15%. Para dar más tiempo a la negociación, aún se podría esperar a otra 'ventanilla', en forma de otro proyecto de ley en tramitación que se preste a recibir enmiendas o a través de un decreto ley. Cualquiera de estas fórmulas debería permitir su aprobación antes del 31 de diciembre, que es cuando caducan los actuales gravámenes transitorios, si se pretende que los nuevos impuestos puedan volver a ser cobrados en 2025.

Ofensiva empresarial

En los últimos días, además ha arreciado la presión contra los impuestos desde diferentes organizaciones empresariales. En un gesto con escasos precedentes, la patronal de las grandes petroleras (AOP) y las dos principales asociaciones bancarias (AEB y CECA) publicaron el pasado jueves sendos comunicados de forma casi simultánea para advertir de que la medida podría poner en peligro 16.000 millones de euros en inversiones energéticas, así como reducir la capacidad de las entidades financieras de dar créditos por valor de 50.000 millones de euros.

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