CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno da largas a Bruselas y ahora plantea mantener el escudo anticrisis en 2024 si hace falta

La Comisión Europea ve controlada la crisis energética por la moderación de los precios de la luz y el gas y apuesta por que los estados vayan retirando las medidas extraordinarias | Ribera retrasa hasta fin de año la decisión de retirar las medidas de protección como pide Bruselas o, por el contrario, “reivindicar la necesidad de su prórroga”

La vicepresidenta tercera y ministra de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

La vicepresidenta tercera y ministra de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. / EP

David Page

La Comisión Europea empieza a dar por controlada la crisis energética. Tras los grandes picos de precios de la energía del último año, Bruselas ve controlados los vaivenes de los mercados energéticos y ha empezado a perder el miedo a que se repitan el próximo invierno episodios de volatilidad extrema. Y ante esta situación de calma relativa, el Ejecutivo comunitario anticipa que los estados miembros pueden ir retirando las medidas de emergencia activadas para paliar el impacto de la subida de la luz y el gas.

“Las condiciones actuales y previsibles para el suministro y los precios de la electricidad en la UE no muestran que sea necesaria o aconsejable una prórroga de las medidas”, recogía la Comisión Europea en un informe de análisis de la situación remitido esta semana a la Eurocámara, en línea con mensajes lanzados ya en las últimas semanas por Bruselas.

Tras los máximos históricos de los precios de la electricidad y el gas natural alcanzados el año pasado en lo peor de la crisis energética y aupados por el impacto de la invasión rusa sobre Ucrania, ahora los mercados energéticos acumulan varios meses de moderación, y analistas e inversores no anticipan que se produzcan nuevos picos de precios.

Frente a las peticiones preliminares de la Comisión Europea, el Gobierno español mantiene la cautela sobre la evolución de los mercados a medio plazo y advierte ahora de que la decisión sobre la retirada y prolongación de la mayoría de las medidas para frenar las subidas de la luz y gas se adoptará a final de año. Una decisión que, en cualquier caso, corresponderá al Ejecutivo que salga de las próximas elecciones generales del 23 de julio.

“Contamos con un paquete de medidas en vigor, muchas de ellas hasta final de año, que nos dan tranquilidad, que nos dan cobertura, y por tanto ya iremos viendo de cara a final de año si es necesario seguir las recomendaciones de la Comisión y dejar sin efecto esas medidas para 2024, o si por el contrario tenemos que reivindicar y plantear la necesidad de prórroga”, subrayó este jueves la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en declaraciones a la prensa tras las recomendaciones de Bruselas de retirar las medidas intervencionistas.

Las medidas de otros

En cualquier caso, la propia Ribera interpreta que el informe de la Comisión Europea defendiendo la progresiva retirada de los escudos anticrisis se refiere más a las políticas desarrolladas por otras grandes economías de defensa de sus empresas industriales que a las medidas implantadas por el Ejecutivo español.

“Es una advertencia que creo que no va dirigida a España, sino a estados con gran capacidad fiscal que han anunciado grandes desembolsos en forma de ayudas de Estado a su industria, y hay que interpretarlo en ese contexto”, indica la vicepresidenta en una entrevista con El Periódico de la Energía. “El informe de la Comisión hay que entenderlo en un contexto que tiene mucho menos que ver con España que con otros estados miembros que preocupan mucho más desde el punto de vista de la estabilidad en el mercado interior”, sentencia.

En los últimos días otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han venido subrayando que se apurará hasta el último momento para decidir, en función de la situación económica del momento, si se pone fin o se prolongan otras medidas cuya vigencia expira a finales de este mes, como la rebaja del IVA de los alimentos o la bonificación del combustible a los profesionales de los sectores económicos más afectados por el precio de los carburantes.

El ‘otro’ mensaje mandado a Bruselas

El Gobierno, no obstante, había transmitido ya a Bruselas su disposición a poner fin a parte de las grandes medidas anticrisis de cara al próximo año. “La caída de los precios energéticos y la bajada de la inflación permitirán ir retirando durante 2023 y 2024 las medidas extraordinarias de apoyo en respuesta al impacto de la guerra”, explicaba el Gobierno en el Plan de Estabilidad 2023-2026 y en el Programa Nacional de Reformas 2023 remitidos hace un mes a la Comisión Europea.

El Ejecutivo ha ido levantando un escudo de medidas de protección frente al golpe de la subida de precios provocada por la crisis energética y agudizada por la invasión militar rusa sobre Ucrania. Durante dos años se han ido armando, redefiniendo y prorrogando planes anticrisis para hacer frente a la escalada de precios de la luz, el gas natural y los combustibles. Por lo que respecta a los efectos de las medidas excepcionales derivadas de la crisis energética por la guerra de Ucrania, en 2024 se contempla la reversión de las medidas aprobadas en 2022 y 2023”, indicaba el Ejecutivo en los documentos oficiales enviados a Bruselas.

El Gobierno mantiene vigentes planes de protección a los consumidores en caso de que vuelvan la tensión a los mercados de la electricidad y el gas, una suerte de red de seguridad frente a eventuales subidas desorbitadas de las facturas de la luz y del gas para millones de hogares y empresas. Rebajas de impuestos, topes de precios y ayudas directas siguen han sido prorrogadas hasta final de 2023, un año marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo y que terminará con el colofón de las generales, en principio, de diciembre.

Durante toda la crisis energética, los ministerios de Asuntos Económicos, Hacienda, Industria y Transición Ecológico han defendido ir aplicando prórrogas limitadas temporalmente (por lo general, trimestrales o semestrales) de las medidas de protección para ir calibrando la evolución de los precios y determinar si estaba justificado su mantenimiento o era necesario su reforzamiento. En la última ampliación del escudo implicó mantener la vigencia de la mayoría de las medidas energéticas durante todo este año.