El Gobierno activó como parte de sus primeros planes de choque contra el golpe de la crisis energética, a final del verano de 2021, un sistema de control de los beneficios extraordinarios de las eléctricas para evitar que aprovecharan la escalada de precios para disparar sus ingresos. En la práctica, el Ejecutivo ha impuesto desde entonces un precio tope para los contratos de venta de electricidad y lo mantendrá al menos durante todo 2023.

El objetivo era que las compañías energéticas no vendiera la electricidad producida con nuclear, hidroeléctrica y parte de las renovables a los precios entonces desorbitados del mercado mayorista, disparados por el precio del gas natural y de los derechos de emisión de CO2, que estas tecnologías no soportan.

El mecanismo activado por el Gobierno obliga a nucleares, hidráulicas y renovables a devolver los ingresos extraordinarios obtenidos con los contratos firmados por encima de un precio máximo marcado de 67 euros por megavatio hora (MWh) que, según los cálculos del Gobierno, era la barrera entre aprovecharse de manera injustificada de la crisis y no hacerlo. La suma de las cantidades que las compañías ya han tenido que devolver por ingresos excesivos en algo más de un año alcanza los 450 millones de euros, según los datos de las propias compañías eléctricas a los que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), encargada de hacer las liquidaciones de costes y gastos del sector, sólo ha desvelado de manera oficial que entre septiembre y diciembre de 2021 las minoraciones de los ingresos alcanzaron los 131,8 millones de euros, pero desde entonces no ha hecho público el impacto de los recortes para los grupos energéticos.

Durante todo 2022 las compañías siguieron devolviendo ingresos extra al sistema eléctrico hasta alcanzar los 320 millones, según confirman fuentes del sector eléctrico conocedoras de las liquidaciones formalizadas hasta ahora. Las estimaciones del Gobierno para este 2023 es que las eléctricas devuelvan al sistema eléctrico otros 330 millones de euros adicionales, según se recogía en la memoria de la orden ministerial de cargos del sistema eléctrico para este año que elaboró el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera.

Choque de eléctricas y Gobierno

Los recortes del Gobierno han sido motivo de choque con las compañías energéticas. Las grandes eléctricas siguen negando la existencia de esos beneficios extra y subrayan que tienen toda su producción vendida en contratos bilaterales a precios muy inferiores a los del mercado mayorista. De hecho, desde el sector se apunta que precisamente el importe de las minoraciones realizadas desde la puesta en marcha del mecanismo de precio máximo demuestra el reducido volumen de electricidad de nucleares, hidroeléctricas y renovables que se venden a los precios del mercado o por encima de esos 67 euros por MWh marcados por el Ejecutivo.

Desde las grandes eléctricas se apunta que si toda la electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y renovables se hubiera vendido a los precios marcados por el mercado mayorista las minoraciones realizadas habrían ascendido a 13.400 millones de euros, frente a los 450 millones efectivamente devueltos al sistema eléctrico. En paralelo, las compañías también se quejan de que el tope marcado por España sea de 67 euros, mientras que la Comisión Europea ha marcado como referencia para el precio máximo de la electricidad es de 180 euros, casi el triple que en el mercado español.

Desde el Gobierno, en cambio, se contrapone que el sistema de minoración de los ingresos está sirviendo para que las compañías contengan sus precios, ya que está permitiendo que las eléctricas firmen todos sus nuevos contratos y sus actualizaciones como máximo por esos 67 euros por MWh para evitar esa devolución de los ingresos extra. Además, el Ejecutivo ensalza que el mecanismo está sirviendo para que las eléctricas sean más transparentes y aclaren el sistema de formación de sus precios, ya que tienen que desvelar cada mes datos de millones de contratos para demostrar que no venden la electricidad por encima del precio máximo fijado.

Control de beneficios extra

El Gobierno activó en septiembre de 2021 el sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables (tecnologías inframarginales) a devolver los que consideraba ingresos extraordinarios. Posteriormente, el Ejecutivo aprovechó otro macrodecreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra y ampliarlo a todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por MWh).

Y también creó un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos entre empresas del mismo grupo para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.