Turismo
La Veintisiete acuerdan exigir más transparencia a plataformas como Airbnb
Los ministros de competitividad de la UE cierran un acuerdo que deberán negociar y terminar de cerrar con el Parlamento Europeo
Silvia Martínez
La Comisión Europea presentó a principios de noviembre una propuesta de reglamento para obligar a las plataformas de pisos turísticos como Airbnb a ser más transparentes y suministrar información a las autoridades sobre el número de noches alquiladas y de huéspedes con el objetivo de luchar contra el fraude en este sector. En tan solo cuatro meses, “un tiempo récord”, según la ministra de energía, empresa e industria de Suecia, que preside este semestre la UE, los ministros de competitividad de la Unión Europea han logrado ponerse de acuerdo y cerrar un acuerdo preliminar que ahora deberán negociar con el Parlamento Europeo antes de lograr la aprobación definitiva.
“La normativa beneficiará por igual a los actores del alquiler de alojamientos de corta duración: los anfitriones dispondrán de un procedimiento de registro sencillo, las plataformas contarán con un conjunto único de normas sobre la información que deben facilitar, los viajeros estarán mejor protegidos contra el fraude y las autoridades podrán regular basándose en datos precisos y fiables”, ha resumido la ministra Ebba Busch sobre la orientación general pactada por los Veintisiete. Un pacto recibido también con satisfacción por España. “Ayudará a evitar la oferta ilegal, la cual causa conflictos en las comunidades locales, aumentando el problema de acceso a la vivienda y la competencia desleal”, ha valorado la secretaria de estado de Turismo, Rosana Morillo.
En los últimos meses numerosas ciudades europeas -desde Barcelona hasta Ámsterdam o París- habían pedido a la Comisión Europea que regulara el ecosistema de pisos turísticos y los alquileres de corta duración de plataformas en línea como Airbnb o Booking, que representan ya el 25 % de todos los alojamientos turísticos en la UE, según cifras del Ejecutivo comunitario. Uno de los principales retos es la falta de información fiable sobre los servicios ofrecidos, como la identidad del anfitrión, el lugar donde se ofrecen dichos servicios y su duración, lo que dificulta que las autoridades evalúen el impacto real y desarrollen y apliquen respuestas políticas adecuadas y proporcionadas.
El acuerdo cerrado este jueves por los Veintisiete hará realidad, según Bruselas, ese objetivo. “Para Airbnb, este anuncio supone un paso adelante hacia unas normas más transparentes y armonizadas para los anfitriones de toda la UE”, ha valorado la compañía en un comunicado en el que alerta de que hay ciudades, como Barcelona y Bruselas , con normas excesivamente complejas sobre los alojamientos de corta duración que “restringen la capacidad de los anfitriones para beneficiarse del uso compartido de la vivienda”.
Enfoque general
Según el enfoque general aprobado por los Veintisiete, los Estados miembros que exijan datos a las plataformas tendrán que crear un “punto de entrada digital único” a nivel nacional para la transmisión de datos entre las plataformas de alquiler a corto plazo en línea y las autoridades públicas. Cualquier casa, apartamento o habitación que se ofrezca en alquiler turístico por un número limitado de días al año tendrá que contar con un número de registro para que las autoridades competentes puedan conocer la identidad del “anfitrión”, es decir, de la persona que quiere alquilar la vivienda. Entre la información que tendrán que aportar se incluye desde la dirección hasta el tipo de alojamiento, si es parte de una residencia principal o secundaria y el número de plazas. Si el anfitrión es una persona física tendrá que dar un teléfono de contacto, dirección de correo eléctrico, el número de identificación nacional y el nombre.
Además, las plataformas en línea tendrán que hacer “esfuerzos razonables” para llevar a cabo controles aleatorios regulares con el fin de verificar que no hay declaraciones incorrectas de los anfitriones o números de registro inválidos. De esta forma, consideran que habrá menos burocracia y menos costes para anfitriones y plataformas, al tiempo que se proporciona a las autoridades los datos que necesitan para regular la actividad. Con este sistema, los gobiernos consideran que habrá igualdad de condiciones respecto a otros agentes del sector turístico (como hoteles, albergues o apartahoteles) y que ayudará a combatir el fraude.
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