La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abrió el pasado octubre una investigación a las grandes compañías del sector del gas natural para analizar si estaban entorpeciendo de manera deliberada el trasvase masivo de clientes a las tarifas reguladas del gas que se estaba produciendo por el nuevo paquete millonario de ayudas puesto en marcha por el Gobierno para bajar la factura.

En esos momentos se inició una avalancha de peticiones de cambios de contrato hacia las tarifas reguladas, denominadas tarifas de último recurso (TUR), que aún perdura; y Competencia abrió un expediente informativo a las cuatro grandes compañías obligadas a ofrecer estas tarifas (Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies), que aún sigue en marcha.

La CNMC empezó entonces a solicitar información que las cuatro grandes gasistas deben remitir cada mes sobre los medios técnicos y de plantilla empleados para atender el aluvión de solicitudes de cambio de tarifa, el número de llamadas atendidas y las que se han quedado sin atender, los tiempos de espera y el número de altas ejecutadas, tras las quejas de muchos consumidores por las larguísimas esperas esperas iniciales, por la falta de información y por las dificultades para conseguir concretar la contratación.

Competencia ha decidido mantener esa exigencia de información a las compañías al menos hasta final de abril, momento en que reevaluará la necesidad de seguir con la vigilancia o suspenderla. Una petición de información que ya no sólo se circunscribe a las tarifas reguladas que pueden contratar los clientes particulares, sino que también se ha ampliado a la nueva tarifa vecinal para comunidades de propietarios.

A la espera de decidir si mantiene abierto el expediente informativo, la CNMC sí descarta dar el paso de abrir expediente sancionador a las grandes energéticas, según confirman fuentes oficiales del organismo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La incoación de un expediente sancionador conllevaría haber encontrado indicios suficientes de que se habían cometido infracciones y que abriría la posibilidad de aplicar sanciones a los grupos.

El expediente informativo es el primer paso en los procesos de supervisión que puede llevar a cabo la CNMC en los sectores regulados. En muchos casos funciona como aviso a navegantes con el objetivo de que las empresas corrijan sus actuaciones antes de incoar un expediente sancionador. Y en este caso, el organismo considera que ha funcionado.

Refuerzos y "normalidad"

Desde Competencia se subraya que los problemas de “mala atención” a los clientes por parte de las energéticas se concentraron en septiembre y, sobre todo, en octubre por el “crecimiento exponencial” de las solicitudes de cambio de contrato, pero que se volvió a la “normalidad” ya en la segunda mitad de noviembre gracias a los refuerzos aplicados por las energéticas en los canales de comercialización de sus filiales de tarifas reguladas. “Por ello, en la actualidad no se plantea la apertura de un expediente sancionador”, sentencia el organismo.

Lo que sí está valorando la dirección de la CNMC la posibilidad de imponer a las compañías “medidas preventivas” permanentes para evitar nuevos colapsos en el futuro. En este sentido, el organismo se plantea establecer que las comercializadoras de tarifas reguladas tengan un canal de contratación online automatizado y fácil de encontrar en las web de las compañías, y no sólo canales telefónicas o en las oficinas comerciales presenciales como hasta ahora.

EL TRASVASE CONTINÚA

Las grandes energéticas siguen registrando un trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas de gas natural por las ayudas activadas por el Gobierno para bajar la factura en plena crisis energética. Los traspasos de contratos no sólo no frenan tras la avalancha inicial de los últimos meses, sino que incluso se intensifican en lo que va de año. Un vuelco comercial total frente a la tendencia de los últimos años en que las tarifas reguladas tenían una cartera de clientes menguante mientras engordaba la de las tarifas del mercado libre.

Al calor de las ayudas del Gobierno, los grandes grupos energéticos han sumado unos 200.000 nuevos clientes en sus comercializadoras de tarifas reguladas de gas sólo en enero. Un nuevo traspaso masivo de clientes que se suma a los cerca de 550.000 altas en las tarifas reguladas -cuyo precio establece el Gobierno trimestralmente y al que actualmente aplica grandes rebajas- registradas en los últimos meses del año pasado.

Actualmente, cerca de 2,2 millones de hogares cuentan con tarifas reguladas de gas contratadas, más de un 33% por encima del volumen que había cuando el Ejecutivo activó su último plan de ayudas el pasado octubre. No obstante, el número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-.

Las tarifas del mercado libre siguen siendo la opción muy mayoritaria y unos 6 millones de clientes aún se mantienen en ellas, a pesar de que actualmente están registrando fuertes subidas por la revalorización de los contratos y el impacto del encarecimiento del gas en los mercados internacionales.

El Gobierno activó el pasado octubre un paquete millonario de medidas para bajar el precio de las tarifas reguladas de gas, que en la práctica supone aplicar una subvención directa a las facturas de estos clientes que acaban cobrando las grandes energéticas. Un escudo anticrisis con ayudas de 3.000 millones de euros que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los ya más de 2 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los hogares que cuentan con calefacción central en la comunidad de vecinos (al que de momento se habrían sumado unas 2.000 comunidades vecinales).