La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de Banco Santander contra la sentencia de primera instancia en la que se condenaba a la entidad al pago de 51,4 millones de euros por el fichaje fallido de Andrea Orcel como consejero delegado en septiembre de 2018 y ha reducido de 51,4 a 43,4 millones de euros la indemnización que debe abonar al banquero italiano, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En septiembre de 2018, Santander envió una carta de oferta al entonces banquero de UBS, Andrea Orcel, anunciando al mercado su nombramiento como consejero delegado un mes después, pero en enero de 2019 el consejo de administración de la entidad decidió dar marcha atrás, al considerar inasumible tener que hacer frente en su totalidad al bonus en diferido que UBS se había comprometido a abonar a Orcel.

De esta forma, el ahora consejero delegado de UniCredit, Andrea Orcel, demandó a Banco Santander hace tres años y medio por haber retrocedido en su nombramiento y reclamaba que se declarase la validez del contrato firmado el 24 de septiembre de 2018 y se condenase a la entidad a indemnizarle.

En diciembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid condenaba a Santander a indemnizar con 68 millones de euros a Orcel por el fichaje fallido, reduciendo, sin embargo, la cantidad solicitada por el banquero italiano de 112 millones de euros en indemnización.

El juez fijaba una indemnización de 17 millones por bonus de incorporación, 35 millones por asunción de incentivos a largo plazo (o 'buy out'), 5,8 millones equivalente a la retribución de las dos anualidades que hubiese percibido en Santander hasta ser fichado por UniCredit y de 10 millones por daños morales y reputacionales.

Posteriormente, en enero de 2022, el mismo juzgado aclaraba y subsanaba la sentencia anterior, rebajando a 51,4 millones de euros la indemnización que el banco debía abonar a Orcel, ya que, cuando determinó la indemnización a pagar en concepto de 'buy out' de 35 millones, no tuvo en cuenta que Orcel ya había percibido 6 millones de euros.

Además, a los 29 millones que resultarían de restar dicha cantidad, descontada también la ecualización fiscal, de manera que la cifra final por asunción de incentivos a largo plazo se rebaja de 35 millones a 18,6 millones de euros.

En el mismo auto de enero de 2022, el juez señala que solo 32,8 millones de la indemnización se pagarían en efectivo, mientras que los 18,6 millones relativos a los incentivos a largo plazo serían abonados en forma de acciones y en diferido.

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la validez del precontrato

Contra la sentencia de diciembre de 2021, Santander presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo fallo se produjo a mediados de enero, y en el que se reitera la validez del precontrato firmado el 24 de septiembre de 2018 y afirma que se trataba de documento "nacido con voluntad de ser plenamente exigible" y, por tanto, "ambas partes estaban obligadas a respetar la vinculación contractual definida" hasta el 31 de marzo de 2019, fecha en la que se produciría la resolución del contrato entre Orcel y su anterior banco, UBS.

De esta forma, el juzgado de segunda instancia señala que la decisión del banco de resolver el precontrato en enero de 2019 fue una "decisión unilateral contraria a lo pactado" y también señala que la posición de UBS sobre la retribución diferida o la reducción del plazo de preaviso para posibilitar la incorporación de Orcel antes del 31 de marzo de 2019 "era conocida por Banco Santander desde el principio".

Indemnizaciones

Sobre las indemnizaciones, la Audiencia Provincial de Madrid reitera el pago de Santander a Orcel de 17 millones por bonus de incorporación, así como los 18,6 millones de euros por asunción de incentivos a largo plazo y en los 5,8 millones equivalentes a la retribución de las dos anualidades que hubiese percibido en Santander hasta ser fichado por UniCredit.

En cuanto a la última indemnización por daños morales, los jueces reconoce a Orcel el perjuicio de la decisión de Santander de echarse atrás en su fichaje. En concreto, sostiene que el daño en la reputación "puede presumirse porque objetivamente se produce de modo impactante y de forma tan anómala que posibilita generar dudas sobre la cualificación del afectado".

Además, el juzgado considera el "elevado grado de frustración" de Orcel ante la renuncia "a un buen puesto de trabajo para aceptar otro, que luego se resuelve y termina en paro durante dos años".

Sin embargo, rechaza la petición por parte de Orcel de una indemnización de diez millones de euros por daños morales al considerarla "elevada" y la reduce a dos millones de euros, ya que no se ha evidenciado una situación "más tangible" que permita apreciar "una gravedad especial en la situación personal o profesional de Orcel".

En estos dos millones de euros, la Audiencia Provincial también ha tenido en cuenta que la situación de paro se extendió durante un periodo "relativamente largo de tiempo", aunque tuvo cierta compensación mientras recibió las retribuciones diferidas de UBS.

Por último, en relación a los intereses, la Audiencia Provincial indica que la sentencia de primera instancia condenó al pago de los que se devengaran por todas las indemnización, si bien la demanda solicitada los intereses únicamente por el bono de incorporación de 17 millones de euros. De esta forma, la nueva sentencia revoca el pronunciamiento sobre esta parte, ciñéndolo exclusivamente a la partida solicitada por Orcel.

Santander recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

Por su parte, Banco Santander ha manifestado su satisfacción con la estimación parcial que ha realizado la Audiencia Provincial de Madrid en esta sentencia y recuerda que la indemnización se ha reducido desde los 112 millones reclamados inicialmente por el banquero italiano.

"Como consecuencia de la sentencia, la cantidad que Orcel tiene derecho a percibir en efectivo se reduce a 24,5 millones. En el futuro, el banco tendría que entregar acciones por un importe aproximado de unos cuatro millones de euros", explica la entidad.

Cabe destacar que el banco ya dio cumplimiento provisional a la sentencia de primera instancia que incluía un pago en efectivo de 33 millones de euros, por lo que la reducción a esos 24,5 millones de euros implica que Orcel "debe devolver ocho millones de euros, más intereses", a la entidad.

Por último, Santander informa de que presentará recurso ante el Tribunal Supremo.