La Asociación Unificada de Riders (AUR), un grupo de repartidores asociados que operan para distintas aplicaciones, ha cursado una denuncia contra Uber Eats ante Inspección de Trabajo por presuntamente emplear falsos autónomos. Desde la entidad consideran que el nuevo modelo de Uber, implementado tras la entrada en vigor de la 'ley Rider', "sigue imponiendo una falsa prefijación de tarifas", "penalizando los rechazos" de pedidos y todo ello vulnera el principio de autonomía entre las partes, según explica el presidente de AUR, Fernando Roan. Uber, a preguntas de este medio, no ha querido realizar declaraciones.

La conflictividad en las plataformas digitales de reparto no ha terminado con la entrada en vigor de la 'ley Rider', hasta el punto de que en 'apps' como Uber Eats ha aumentado. Mientras Glovo decidió mantener su modelo de flotas de autónomos pese a la aprobación de la nueva normativa -que establece la presunción de laboralidad para los 'riders'-, otras como Uber se pasaron a operar con flotas subcontratadas y al cabo de unos meses volvieron a habilitar el canal de autónomos.

Desde la multinacional manifestaron que en esta segunda ocasión su modelo sí cumplía escrupulosamente con la legalidad y se respetaba la autonomía de los repartidores, a diferencia de la primera etapa, cuando la Inspección de Trabajo llegó a sancionar a la compañía por emplear a falsos autónomos. Ahora desde Uber alegan que los repartidores tienen la posibilidad de fijar sus propias tarifas, lo que les concede una plena autonomía.

Diferente parecer tienen desde AUR, que reclaman poder ejercer desde una "autonomía plena" y no con las condiciones actuales. Pues en su denuncia alegan que la aplicación penaliza a aquellos repartidores que declinen pedidos si estos no les parecen rentables. Un elemento que, de quedar demostrado por la Inspección de Trabajo, podría ser prueba de laboralidad, como ya lo fue en anteriores actuaciones en el caso de Uber y otras 'apps' del sector, como Glovo o Deliveroo.