La Ley de Vivienda sigue su rumbo, con la incógnita de cuáles serán los ámbitos de actuación de la norma. Uno de los puntos fuertes del anteproyecto de esta regulación en materia de vivienda es la declaración de zonas tensionadas. La norma impulsada por Podemos y el PSOE pone como criterio para considerar que hay un problema en un área con el alquiler aquellas donde el coste de arrendar una vivienda supere el 30% de los ingresos medios de esa familia en la zona. Además, las rentas deberán haber subido en los últimos 5 años un 5% más que el índice de precios al consumidor (IPC).

Pero, ¿cuáles son las zonas tensionadas de las que habla el Gobierno? La consultora inmobiliaria que aplica herramientas de ciencia de datos al mercado inmobiliario en España y Portugal Atlas Real Estate ha preparado un informe, a petición de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en las que se explican el alcance de la nueva normativa.

Analizando por códigos postales, en el escenario contemplado por el Ejecutivo en el anteproyecto de ley, España contaría con 465 zonas que podrían ser declaradas tensionadas, el 4,21% de todo el territorio nacional. De las 50 comunidades y las dos ciudades autónomas, 38 contarían con al menos el 2% de su territorio cumpliendo estos criterios.

Atlas Real Estate subraya que los códigos postales que cumplen los criterios dictados por el Gobierno suman un total de 4,265 millones de hogares, el 19,83% a nivel nacional. Sin embargo, los autores recuerdan que en esta cifra se incluyen tanto los que están en propiedad como en alquiler y recuerdan: "Hay que tener en cuenta que la situación de un área tensionada afecta no solo al mercado del alquiler, sino también al mercado de la vivienda, ya que el atractivo de precios de alquiler alto también arrastra a los precios de compraventa, y el stock disponible se vuelve escaso en ambos mercados. En definitiva, la dimensión de un mercado afecta al conjunto de hogares de una zona".

Aplicación de la norma

Baleares, Málaga, Alicante, Barcelona, Las Palmas o Madrid son las provincias que concentran el mayor número de áreas con tensión, a su vez también las que cuentan con mayor densidad de población. Sin embargo, la regulación de la vivienda es una competencia de ámbito autonómico. De esta forma, los ayuntamientos tendrían que solicitar a su comunidad autónoma ser declarado zona tensionada, la cual a su vez debería pedirlo al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Tal y como ya adelantó el Partido Popular en la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros, aquellas regiones en las que gobiernan no aplicarán la nueva Ley de Vivienda. De esta forma, la regulación no tendría efecto ni en Madrid, ni en Málaga; ya que ambas regiones cuentan con políticos del PP al mando. También peligraría su aplicación en otras regiones como Baleares, Canarias o Comunidad Valenciana; donde los sondeos no aclaran qué partido se impondrá en las elecciones autonómicas durante la primavera de 2023. La región que tiene casi asegurada su futura aplicación es Cataluña, especialmente en la costa y en la capital.

Otros escenarios

El texto definitivo de la nueva Ley de Vivienda está aún en redacción, mientras los diferentes grupos parlamentarios buscan un principio de acuerdo que satisfaga a todas las partes. Cabe la posibilidad de que finalmente se opte por rebajar los requisitos para declarar una zona con problemas de tensión de mercado. Para esto se abren otros escenarios.

Por ejemplo, desde un punto de vista puramente de ingresos, de media, el 14,55% de todos los hogares españoles destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, concretamente en 1.606 códigos postales se detecta esto. Por ejemplo, el 85,53% de los códigos de Baleares serían categorizados así con este criterio. Todas las provincias y ciudades autónomas disponen de varias zonas que cumplen con este criterio. Solo Albacete, Palencia y Zamora cuentan con menos de cinco áreas.

En un escenario B, que incluye el anterior requisito y que el alquiler haya subido más que el IPC, el número de zonas tensionadas se reduce hasta 525, el equivalente al 4,76% de todos los códigos del país. La Costa del Mediterráneo acumula más áreas con estas características; mientras Madrid y Barcelona se sitúan por detrás.