Los grandes del turismo quieren llevar a la UE su lucha contra los ‘airbnb’ ilegales

Las grandes empresas turísticas españolas meten presión al Gobierno para activar una regulación real contra la proliferación de la oferta de pisos turísticos ilegales. Reclaman al Ejecutivo una legislación estatal que sirva para hacer cumplir las normativas de comunidades autónomas y ayuntamientos que de facto no se cumplen para poner coto al nuevo boom de viviendas de uso turístico y ahora también pretenden elevar su lucha a la Unión Europea.

Exceltur, el lobby que agrupa a una treintena de las mayores compañías del sector (entre ellas, grandes hoteleras como Meliá, NH, Riu, Iberostar o Palladium), alerta de un “crecimiento descontrolado” de los pisos turísticos en las ciudades españoles tras la recuperación del turismo tras el parón de la pandemia y pide al Gobierno tomar medidas para regular de la oferta ilegal tanto con legislación nacional como a través de la normativa comunitaria.

El lobby sectorial ya había reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez un nuevo margo legislativo de ámbito estatal para hacer cumplir las reglamentaciones autonómicas y municipales, que de facto no se están cumpliendo por la incapacidad de las administraciones regionales y locales para hacerlas cumplir.

Por eso, Exceltur venía pidiendo al Gobierno aprovechar la futura Ley de Vivienda, ahora en tramitación parlamentaria, o aprobar uno o varios decretos ad hoc para establecer un régimen jurídico específico de las viviendas de uso turístico y de sus contratos, que establezca obligaciones a las plataformas online como Airbnb, Booking.com o Vrbo para evitar que puedan comercializar alojamientos ilegales y dar más poder a las comunidades de propietarios para poner coto al fenómeno.

Ahora la asociación de grandes empresas turísticas pide ir más allá y reclama al Gobierno español que aproveche la Presidencia de turno del Consejo Europeo, que ostentará en el segundo semestre de este año, para liderar el debate sobre el reglamento comunitario en ciernes para regular el alquiler turístico en la UE y hacer valer su posición de principal destino turístico del continente.

La Comisión Europea trabaja en un futuro reglamento para ampliar las exigencias de transparencia a las plataformas digitales para poner coto a la oferta de pisos turísticos ilegales, proponiendo incluso crear un registro de propietarios y viviendas en el que habría que estar inscrito de manera obligatoria para poder realizar alquileres turísticos.

“Reclamamos al Gobierno un liderazgo proactivo en este ámbito como principal destino turístico europeo. El borrador de control de las plataformas debe tener en cuenta la visión desde España”, subrayó José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, en un encuentro con la prensa en la víspera de la inauguración de Fitur, la feria turística que se celebra estos días en Madrid. “La posición de Exceltur no es contra los pisos turísticos, pero sí es la de garantizar el cumplimiento de las normativas. Pedimos un marco normativo estable para que esta actividad también cumpla las normas”.

Es por ello que desde la organización se reclama una “actuación decidida” del Gobierno también ante la UE, de cara a la próxima Presidencia española, para “demostrar el compromiso y nuevo liderazgo turístico de España en todo lo que complete a políticas y directivas que no afectan”. En este sentido, Exceltur exige que la normativa nacional y la comunitaria garanticen por completo que una vivienda no pueda ofrecerse para alquiler turístico si no cuenta con una licencia específica que le habilite para ello, con lo que se podrían cumplir las limitaciones a la oferta de pisos turísticas ya vigentes en muchas ciudades españolas.

“Si Airbnb y otras plataformas dejaran de jugar al escondite y se corresponsabilizaran de que no se sube oferta que no cumple la normativa se habría acabado el 95% del problema. La pregunta es por qué no se hace”, critica el vicepresidente de Exceltur, que alerta que la nueva proliferación de oferta de viviendas de uso turístico amenaza con agravar problemas de acceso a la vivienda en determinados barrios o con reavivar los problemas de turismofobia por eventuales problemas de convivencia entre turistas y vecinos.